El Senado aprueba las modificaciones hechas por Peña Nieto a la #Ley3de3
El pleno del Senado de la República aprobó con 77 votos a favor y 22 en contra las modificaciones propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como #Ley3de3, que elimina la obligación de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.
El dictamen detallaba la aplicación de dicha obligación a personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público, de manera indiscriminada.
Aunque los senadores dieron su voto a favor, manifestaron que en el próximo periodo de sesiones ordinario presentarán modificaciones para el Artículo 29 de la ley con el fin de dar la máxima publicidad a las declaraciones de todos los servidores públicos del país.
“Los legisladores del PAN estamos comprometidos con el desarrollo de bases institucionales que permitan combatir, prevenir y sancionar el fenómeno de la corrupción, por lo que el objetivo de la modificación al Artículo 29 es ampliar las declaraciones de todos los servidores públicos, empezando por el presidente de la República y terminando con el servidor público del municipio más pequeño del país”, dijo el senador Daniel Ávila Ruiz.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, cuestionó que el sector empresarial no haya intervenido por la opacidad de las declaraciones, por lo que aseguró que en septiembre estarán proponiendo varias enmiendas a la legislación.
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En su participación, el presidente de la Comsión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, señaló que urge una legislación que regule la participación de las empresas en los asuntos públicos dentro del país y por fuera, por lo que no es suficiente para evitar esta práctica la promesa que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para emitir un Código de Ética.
"Los códigos de ética en el campo de la administración pública no tienen valor legal ni mecanismos de sanción a las actividades delictivas o las faltas administrativas que pudieran presentarse", dijo.
El senador perredista Zoé Robledo afirmó que la corrupción y la impunidad en México están frenando el desarrollo económico, están mermando la legitimidad de las instituciones democráticas y están incrementando la desigualdad y por eso remediarla es una cuestión de supervivencia para el Estado mexicano.
“Por eso hay que revelar redes de corrupción y ampliar los mecanismos para combatirlas, deben de ser parte de esta nueva agenda que nos demandan los ciudadanos”, agregó.
La legisladora Marcela Torres Peimbert, del PAN, comentó que la aprobación de las leyes secundarias porque quedará como un legado, pero que se “quedaron cortos".
Torres Peimbert destacó que estas leyes se concentraron en dos puntos medulares: la publicidad y los formatos de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, y la obligación que tendrían las personas físicas y morales de presentar éstas.
