Congreso de QRoo designa magistrados y completa 'blindaje' para Borge
Con el nombramiento de Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por un periodo de siete años, y la aprobación de al menos 30 cuentas públicas de dependencias y ayuntamientos, fue concluido el ‘paquete de impunidad’ que el Congreso de Quintana Roo avaló en sesiones privadas.
La mayoría del Congreso nombró a gente incondicional del gobernador Roberto Borge, para blindar su salida, pues uno de estos, Jorge Herrera Aguilar, renunció apenas el martes a la Dirección Jurídica del Congreso, el mismo que previamente preparó y avaló los dictámenes que contienen las reformas constitucionales del “paquete de impunidad”, incluidos los nombramientos del fiscal general, el auditor superior del estado y los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
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El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, reprobó que los diputados priistas y sus aliados se reunieran desde ayer en un hotel de la zona hotelera de Cancún, y aprobaran en comisiones un total de 31 cuentas públicas en tres horas, sin observaciones.
“Tal parece que los legisladores borgistas tienen que esconderse para aprobar medidas contra el pueblo”, sostuvo.
"Con estos hechos los legisladores traicionan la confianza de los quintanarroenses, que les dieron su voto", agregó.
La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Trinidad García Argüelles, lamentó que a espaldas de la población se consumen estos actos, pero insistió que buscarán los mecanismos legales para revocar estos acuerdos, al destacar que esta actuación es ilegítima ya que todos los nombramientos, exceden el término del mandato del gobernador y la legislatura.
“Representa una clara intrusión en las atribuciones de las próximas autoridades electas en los comicios del pasado 5 de junio”, dijo la legisladora.
Este nuevo órgano tiene en sus facultades: dirimir las controversias que se registren entre la administración pública estatal y municipal, así como los particulares, e imponer las sanciones a servidores públicos estatales y municipales e incluso a particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
A la par, se aprobaron más de 30 cuentas públicas con las que advirtió se pretende encubrir y avalar gastos excesivos, como la cuenta pública del municipio de Solidaridad 2015 y 2016, la de mayor deuda per cápita del país, tras ser aprobado el mes pasado un nuevo refinanciamiento por mil 30 millones de pesos.
La diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ivanova Pool, dijo que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalice todo el sexenio del gobierno de Quintana Roo, encabezado por Borge, para que detalle el uso que se dio a los recursos federales otorgados.
Añadió que aunque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya hizo una solicitud, en esta ocasión pedirá que se incluya la investigación las cuentas públicas desde el año 2011 a la fecha y en caso de comprobarse irregularidades, se proceda de manera penal en contra del mandatario y los responsables de los desvíos millonarios, que mantiene a Quintana Roo con una deuda que supera los 22,000 millones de pesos.
Quintana Roo recibió en 2015 más de 16,000 millones de pesos de recursos federales, mismos que no han sido comprobados.
Cabe hacer mención que tres exaspirantes al puesto de Auditor Superior del Estado presentaron el pasado martes un amparo contra la elección de Javier Zetina González, y esperan que este recurso legal proceda y se revoque el nombramiento del funcionario, el cual calificaron de ilegal.
Los demandantes, Teresita Quiven Feria, Maximino Muñoz Lara y Edwin Celis Madrid, exigen que se realice una nueva designación.
El pasado 25 de junio, bajo fuertes medidas de seguridad y a puerta cerrada, el Congreso local aprobó el polémico nombramiento de Javier Zetina González, primo del exgobernador Félix González Canto, como auditor superior del estado, cargo ocupará los próximos siete años.
Así también aprobaron al procurador Carlos Arturo Alvarez Escalera al frente de la recientemente creada Fiscalía General del Estado, el nombramiento de dos magistrados numerarios y uno supernumerario, así como diversas reformas para ‘blindar’ a Roberto Borge, incluyendo el cambio en la Ley de Seguridad Pública para conceder al mandatario escoltas con cargo al erario por 15 años más después de que deje el cargo.
