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#LosPiratasDeBorge: Así fue como despojaron a los empresarios de sus bienes

Las cuentas bancarias de algunas empresas en el estado, fueron inmovilizadas por orden de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cancún.
mié 06 julio 2016 06:02 PM
El gobernador de Quintana Roo
Roberto Borge Durante el mandato del gobernador de Quintana Roo, varias empresas sufrieron la inmovilización de sus cuentas sin que se les avisara.

NOTA DEL EDITOR: Éste es una versión del reportaje#LosPiratasDeBorge: El saqueo de bienes, institucionalizado en Quintana Roo, que publicó este miércoles Expansión en alianza con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Aquí puedes leer el texto completo.

Faltan siete días para la quincena, es 23 de marzo de 2016, y en las instalaciones de la compañía transnacional Pochteca, ubicadas en la Ciudad de México, se prepara el pago a sus trabajadores. El tesorero de la empresa ha intentando sin éxito hacer las transferencias electrónicas. Habla al banco donde tiene depositado el dinero de la nómina y la noticia que le dan lo deja pasmado: su cuenta bancaria está congelada.

Pochteca es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores: se especializa en la distribución de papel, cartón, químicos y lubricantes en más de 500 ciudades de Latinoamérica.

Ante el problema, el encargado de los pagos intenta hacer la operación con otra cuenta y sucede lo mismo. El director de la empresa indaga y se entera que las cuentas habían sido inmovilizadas por orden de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cancún. En un juicio laboral del cual no estaban enterados se había fallado en contra de la empresa.

“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia del expediente y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta... logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos”, narra Armando Santacruz, director general de la empresa.

Entre marzo y abril de 2016, a Pochteca le fueron inmovilizadas siete cuentas bancarias y retirados casi 5 millones de pesos producto de dos juicios laborales radicados en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 1, bajo el expediente 072/2014 y de la Junta Especial Número 2, con el expediente 1098/214. Ambas ubicadas en Cancún.

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Pochteca, según Santacruz, fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.

Los directivos de Pochteca se enteraron de la primera denuncia laboral en su contra cuando les inmovilizaron sus cuentas de Banamex, HSBC y Banorte para cobrar el laudo laboral por 1 millón 598,566 pesos de un trabajador que los había demandado un año antes. De los detalles de juicio se pudieron enterar a través de una orden del Juzgado Tercero de Distrito, que obligó a que les dieran acceso a su expediente.

El problema no paró ahí. Un mes después vino una segunda demanda por parte de una persona que nunca ha trabajado en la empresa. Con la segunda demanda interpuesta por el falso trabajador, la empresa aún lucha para que le entreguen el expediente y poder saber quién y por qué los demandan. Se encuentran a ciegas.

“Es un absurdo no conocer quién te demandó, ganó un laudo y cobró el dinero, no saber el por qué te lo retiran porque te lo retiraron de tus cuentas sin tú enterarte de nada; hacen todo así para que no te puedes defender. Violan totalmente tu derechos a defenderte”, expresa Santacruz, quien aún litiga en tribunales.

De manera similar a las acusaciones de Pochteca, la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año. Según fuentes conocedoras del caso que solicitaron el anonimato. Cuando los abogados de la compañía solicitaron el expediente la Junta se habría negado a compartirlo. Una semana después, la Junta tomó 2.2 millones de pesos de sus cuentas. Al día de hoy la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no existía en Quintana Roo.

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