Gobernador electo de Quintana Roo va contra red de protección a favor de Borge
El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín Gonzalez, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar un paquete de reformas al Código Penal aprobado por el Congreso local y desmantelar la red de protección a favor del gobierno de Roberto Borge Angulo.
"En el tercer periodo extraordinario de sesiones, el Congreso reformó el Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos, que son contrarios al orden constitucional, invaden las facultades del Poder Ejecutivo, crean privilegios y afectan la investigación, procuración y administración de justicia", afirmó Carlos Joaquín a través de un comunicado.
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Dichas modificaciones incluyen otorgar seguridad personal por quince años tanto para el ex gobernador y su familia y para altos ex funcionarios de Gobierno.
Además, se excluyen para efectos de los delitos contenidos en el Código Penal, a los servidores públicos de los poderes Legislativo y Judicial así como a quienes ostenten cargo empleo o comisión.
Asimismo se disminuye la gravedad de los delitos cometidos por servidores públicos o que afectan la hacienda, el patrimonio y el servicio públicos, por ejemplo, el delito de peculado ya no será delito grave, señala el comunicado.
Mientras que el delito de peculado disminuye de 10 a 5 años, así como los plazos de prescripción de los delitos que pueden ser motivo de investigación y en su caso de procesamiento y sanción.
Las reformas también hacen posible los beneficios de libertad caucional, la conmutación de las sanciones y el perdón de la parte ofendida, de acuerdo con el documento.
El Gobierno de Borge Angulo no ha emitido comentarios al respecto ni en sus redes sociales ni en su sitio oficial.
El gobernador electo indicó que con dicha controversia se busca desmantelar la red de protección a favor del gobierno de Borge, la cual, se refiere a la reducción de penas y los plazos de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos.
Así como a la designación de personas vinculadas con la actual administración en los cargos de Fiscal General, Titular del Órgano de Fiscalización y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa.
El gobernador electo también acusa que se fijaron porcentajes del presupuesto de Egresos del Estado a favor del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de organismos autónomos.
Carlos Joaquín indica que como gobernador electo puede interponer esta controversia dentro del plazo de los 30 días hábiles siguientes al inicio de la vigencia de la norma que se combate, esto es, a más tardar el 18 de agosto.
El gobernador priista tiene diversos señalamientos en su contra por presuntos desvíos de recursos.
Entre los que la oposición ha destacado, están el Hospital General de Cancún, el cual lleva siete años en construcción; un Auditorio para espectáculos denominado “Del Bienestar”, que costó casi el triple que uno similar en Nayarit, además de gastos excesivos en viajes privados por avión. Además, Quintana Roo mantiene una deuda superior a los 22,000 millones de pesos, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda.
Expansión, en alianza con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó en julio una investigación que muestra que empresas y particulares han sido despojados de bienes inmobiliarios por una red que involucra a funcionarios públicos cercanos a Borge.
