La ‘guía Borge’ para evitar investigaciones sobre corrupción en Quintana Roo

El gobernador realizó movimientos para poner a personas cercanas en áreas relacionadas con la administración de justicia para los próximos años, pese a que su mandato concluye el 25 de septiembre.
El paquete de impunidad  Designaciones, reformas y modificaciones institucionales. El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, ha impulsado cambios que especialistas y la oposición interpretan como medidas para blindarse.  (Foto: Especial)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Las medidas en materia de corrupción conocidas como “paquete de impunidad” para blindar de posibles investigaciones al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, empezó a maquinarse después de la derrota del PRI en las elecciones del 5 de junio.

Cuando los resultados confirmaron que el opositor Carlos Joaquín González sería el sucesor, el aún mandatario tomó medidas urgentes, pues durante la campaña el hoy gobernador electo criticó que el “grupo muy reducido de gente en el poder” realizaba “negocios ilícitos” y se quedaba el dinero del estado.

Dentro del Ejecutivo estatal, y en la agenda del Congreso, comenzó a darse una serie de movimientos que implican la permanencia de personas vinculadas con Borge en áreas relacionadas con el combate a la corrupción y la administración de justicia, y que especialistas y opositores consideran que tienen como objetivo evitar la fiscalización profunda de los recursos públicos ejercidos durante el sexenio del priista. Estas designaciones trascienden el periodo de este gobierno, que concluye el 25 de septiembre.

A continuación te presentamos algunas de las reformas y otros cambios administrativos que han apuntado hacia estas sospechas:

1. Que alguien de confianza le revise sus cuentas

El 14 de junio, Emiliano Novelo renunció como titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), pese a que le faltaban dos años para concluir el cargo para el que fue ratificado en 2010 por el entonces gobernador Joaquín Hendricks Díaz.

Días después, su lugar fue ocupado por Javier Zetina González, primo del exgobernador Félix González Canto, cuyo nombramiento fue aprobado a puerta cerrada por el Congreso local, en un hotel de la zona turística de Cancún.

Diputados locales del PAN y del PRD avisaron sobre la sesión realizada de última hora en el periodo extraordinario, lo que el 21 de junio suscitó manifestaciones frente a la sede del Congreso por parte de ciudadanos, quienes expresaron su oposición a esta medida, por considerarla un ‘blindaje’ para el mandatario. Las manifestaciones consiguieron reventar la sesión, y aplazar los trabajos de los legisladores.

Incluso, el gobernador electo, Carlos Joaquín, emitió un mensaje en el que pedía a los diputados locales “no traicionar el honor de representar a la sociedad, nombrando a cómplices de la corrupción en cargos públicos”.

En su momento, el diputado electo por el PRD, Emiliano Ramos, explicó que el periodo en funciones de los nuevos cargos superaría el sexenio del nuevo gobernador, y que de esta manera Borge garantizaría que sus cuentas públicas fueran “maquilladas”.

2. ‘Palanca’ en el Poder Judicial

Borge propuso la designación de tres magistrados para el Tribunal Superior de Justicia con un cargo de hasta 12 años.

De este modo, el Congreso eligió el 24 de junio al exdirector del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), Carlos Lima Carvajal; Felipe de Jesús Magaña Solís, exconsejero de la Judicatura; y Ángel Ysidro Quintal, exdirector de la Escuela Judicial, éstos últimos como numerario y supernumerario, respectivamente.

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3. Colaboradores firmes

Otra de las propuestas del gobernador fue crear una fiscalía cuyo titular fuera inamovible por un periodo de nueve años, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia (PGJE).

Como fiscal, fue ratificado Carlos Arturo Álvarez Escalera, exprocurador y que durante su desempeño en la PGJE recibió una recomendación por parte de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo por un caso de presunta tortura.

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Leopoldo Cruz, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya A.C., consideró que estas designaciones son inconstitucionales y violan los derechos de los ciudadanos.

“El llamado paquete de impunidad del gobernador Roberto Borge, al poner a personas que trabajaron para su mando, como es el caso del fiscal y del auditor, obviamente no cumplen con los requisitos de imparcialidad y profesionalismo que pide la Ley Anticorrupción”, dijo a Expansión.

“El Ejecutivo simplemente señala a las personas que fueron designadas, incluso ya protestaron en el cargo, sin tomar en cuenta a muchos ciudadanos que cumplen con los requisitos”, agregó el representante de la asociación que impulsa una solicitud para que el Senado declare la desaparición de poderes en Quintana Roo.

4. “Caja ¿chica?”

En un segundo paquete de iniciativas, Borge solicitó reestructurar y contratar nuevos créditos por 1,030 millones de pesos para el municipio de Solidaridad —el más endeudado en materia per cápita del país durante 2015, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF)—, que previo a la elección era presidido por el excandidato del PRI a gobernador, Mauricio Góngora.

Los diputados electos del PAN y PRD, Mayuli Martínez y Emiliano Ramos, respectivamente, acusaron que este municipio fue usado como “caja chica” del gobernador para las elecciones federales de 2012 y 2015, así como para los comicios locales de 2013 y 2016.

5. Magistrados administrativos cercanos

Otro planteamiento del aún gobernador a la Diputación Permanente fue la elección por un periodo de siete años de tres magistrados del nuevo Tribunal Administrativo, que dirimirá controversias en las que estén involucrados servidores públicos.

Se trata de Minerva Maribel Moreno Cruz, exsubsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación en Quintana Roo; César Cervera Paniagua, esposo de la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Gran Comisión de la Décimo Cuarta Legislatura, y Jorge Herrera Aguilar, exdirector jurídico del Congreso local e integrante del Patronato de la Universidad de Quintana Roo, aprobados por el Legislativo el 6 de julio.

Asimismo, fue elegido Emilio Villanueva Chan, exsecretario particular del presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, como titular de la recientemente creada Dirección de Concertación Legislativa.

6. Cuentas ‘palomeadas’

Los diputados locales aprobaron las cuentas públicas del Ejecutivo estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2015, igual que las de otros 31 entes fiscalizables, sin realizar observaciones.

Una vez más, el gobernador electo, Carlos Joaquín, lamentó que no se haya podido “analizar si el dinero del pueblo fue utilizado con apego a la ley y la ética”.

7. Cuidarse las espaldas

El Congreso local también aprobó reformas a la Ley de Seguridad Pública para que Borge conserve sus escoltas, lo mismo que sus hijas y su esposa, por un “tiempo irrevocable de 15 años”.

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Los señalamientos

El gobernador priista tiene diversos señalamientos en su contra por presuntos desvíos de recursos.

Entre los que la oposición ha destacado, están el Hospital General de Cancún, el cual lleva siete años en construcción; un Auditorio para espectáculos denominado “Del Bienestar”, que costó casi el triple que uno similar en Nayarit, además de gastos excesivos en viajes privados por avión.

Además, Quintana Roo mantiene una deuda superior a los 22,000 millones de pesos, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda.

El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, informó que se trabaja en el análisis de información financiera del estado por presuntas irregularidades en el uso de recursos federales.

Aunque por el momento no se conocen públicamente denuncias, diputados federales como la perredista Ivanova Pool han solicitado a la PGR ejercer acción penal contra Borge, por desvíos de recursos públicos federales superiores a los 16,700 millones de pesos, que no se han podido comprobar.

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Expansión, en alianza con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó la semana pasada una investigación que muestra que empresas y particulares han sido despojados de bienes inmobiliarios por una red que involucra a funcionarios públicos cercanos a Borge.

Con información de Ariadna Ortega

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