Despojados de QRoo piden a gobierno federal intervenir para proteger inversiones
Afectados por los despojos de hoteles y predios en Tulum, Quintana Roo, pidieron la intervención inmediata de las autoridades federales y del gobernador electo, Carlos Joaquín González, para frenar los desalojos violentos de propiedades y garantizar el estado de derecho, al advertir que esta situación frena las inversiones en la entidad, que es puerta de entrada de turismo al país.
Pequeños empresarios hoteleros y propietarios de casas ubicadas en el ejido José María Pino Suárez llegaron este martes hasta las instalaciones del Senado de la República para denunciar que de 2011 a la fecha se han invadido y desalojado 28 predios, 26 hoteles y 13 cabañas privadas con valor de casi 500 millones de dólares, según estimaciones de los propios afectados. El último y más grande desalojo se realizó el pasado 17 de junio.
Eddie Villareal, empresario y fundador de la Asociación de Colonos AC de Tulum, señaló que está situación daña la imagen del país, pues en la franja costera que fue afectada hay inversiones de ciudadanos mexicanos y de otros 15 países, cuyas embajadas y cónsules están en alerta por la forma en que se llevaron a cabo los desalojos.
“¿Dónde está el estado de derecho? Sabemos que las embajadas tienen el grito en el cielo”, expresó Villareal durante una conferencia de prensa en la que fueron respaldados por la senadora del PRD por Quintan Roo, Luz María Beristain.
En julio, las embajadas de Francia, Italia, Portugal y Países Bajos en México expresaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su preocupación por los desalojos y solicitaron a la Cancillería interceder para que se haga una “profunda y seria investigación” sobre el caso.
“Es una situación muy delicada. Yo he recibido quejas del embajador de Italia en México por las afectaciones a sus ciudadanos, me los encontré en Palacio Nacional y me dijeron que era lamentable la forma en que se dio el despojo”, comentó en entrevista la legisladora.
“No están midiendo lo que puede pasar, porque de aquí puede salir un ‘warning’ (de países) que le digan a 20 millones de turistas que van anualmente al estado de Quintana Roo que no vayan, porque los turistas fueron lanzados a la calle con todo y maletas. Por un lado, le estamos diciendo a los presidentes de países que inviertan y por otro lado vemos que gente que vino y sí invirtió y que a la fuerza son sacados de su predios sin un juicio previo para que por lo menos se pudieran defender”, abundó.
Los desalojos a 16 hoteles y tres predios realizados en junio se dieron luego de que el juez resolvió de manera exprés dos juicios civiles promovidos por empresarios de Nuevo León que se dicen dueños en esta franja costera, contra dos personas a las que supuestamente les arrendaban sus tierras y les habían dejado de pagar la renta. Sin embargo, nadie en Tulum conoce a los inquilinos.
“Fui lanzado por delincuentes que amañadamente vinieron a interponer un juicio fraudulento para sacarnos de nuestras propiedades, y apelo al estado de justicia y a las instituciones mexicanas para que se me respete el derecho que tengo a ser vencido en juicio y a ser oído en juicio”, enfatizó Fernando Dávila Nelson, fundador de la Cooperativa de Pescadores de Tulum, quién es otro de los afectados.
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Ojos hacia Tulum
Los senadores Luz María Beristain, del PRD, y Daniel Ávila, del PAN —integrantes de la Comisión del Turismo—, se comprometieron a llevar el tema al secretario federal del ramo, Enrique de la Madrid, y llamaron a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), Rosario Robles, y al gobernador electo a establecer una mesa con los afectados para atender la problemática en el estado.
“Hacemos un llamado a que volteen los ojos hacia Tulum, hacia Quintana Roo, y de una vez por todas se terminen estos despojos y se termine esta violación flagrante a los derechos de los inversionistas tanto mexicanos como extranjeros. Los propios inversionistas y empresarios lo dicen: esto trascendió a nivel nacional, pues cónsules y embajadores de otros países están alertando a los propios empresarios e inversionistas (de que) no hay un estado de derecho en Quintana Roo. Por ello, vamos a apoyar a estos empresarios”, aseguró el senador Ávila.
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