Empresario desalojado de predio en Tulum gana restitución anticipada

El juez Segundo de Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, concedió la restitución anticipada a favor de Allan Javier Dieck Zablah, inversionista del Hotel Azúcar en Tulum, predio que fue desalojado sin previo aviso junto con otros 16 el pasado 17 de junio, por orden del juez Gustavo Efraín Chan Caamal, del Juzgado Civil de Playa del Carmen, en lo que fue considerada la mayor expulsión de terrenos en esa localidad, en la que hubo participación de policías municipales y guardias privados.

La orden del juez que pide la restituir la propiedad a partir de esta semana al posesionario del centro de hospedaje que tiene un terreno de más de 1,980 metros cuadrados, se dan dentro del incidente de suspensión, con el que se otorga una protección para que el predio no sea modificado y el empresario pueda seguir haciendo uso de él, en tanto el amparo tramitado por el afectado se resuelve de fondo.

"Estamos esperando que nos den luz verde para la restitución que podrían ser entre lunes y martes", señaló Dieck Zablah.

El empresario contó que tuvo que liquidar a sus empleados tras el desalojo de su hotel y dijo estar a punto de la quiebra si no le devuelven los predios, además aseguró, que este tipo de hechos ya tiene afectada la actividad económica de la zona.

“Si no se arregla pronto esto, Tulum se vendrá abajo y quedará como pueblo fantasma, ya que además se está abaratando demasiado, al grado de ofrecer habitaciones en 80 dólares, cuando antes se ofertaban en 600”, dijo.

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En el caso del Hotel Azúcar, aseguró Dieck, los presuntos invasores del predio han cambiado las fachadas para que no puedan ser reconocidas por los actuarios, quienes deberán cumplir la orden esta misma semana.

"Es posibles que digan que el predio está perdido (que no saben cuaál es) porque de ocho predios lo están haciendo uno, esto puede hacer que se tarde la entrega", alertó.

De acuerdo con los afectados, además de las modificaciones, los predios son vigilados por presuntos policías judiciales en activo de los estados de México, Yucatán, y Tabasco, quienes además de portar pistolas y armas punzocortantes, han amedrentado a los propietarios.

Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicaron en julio una investigación llamada Los Piratas de Borge: El saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo donde se expone la maquinaria institucional compuesta por funcionarios públicos auspiciados por el gobernador Borge que arrebata el patrimonio de empresas, particulares y ejidatarios a través de juicios laborales a modo y otros mecanismos en los que no se da a los acusados derecho de audiencia.

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Problema de hace décadas

Este fin de semana, varios de los posesionarios, junto con la senadora del PRD Luz María Berinstain realizaron un recorrido en el que se pudo constatar el estado de al menos 30 predios ubicados a lo largo de la costa, y que han sido desalojados desde julio de 2013. Se calcula que el valor comercial de cada uno de los predios es superior a los 60 millones de dólares.

Previo al recorrido, seis de los 17 posesionarios que aseguran haber adquirido los predios al ejido José María Pino Suárez desde 1973 denunciaron que se han realizado juicios a modo orquestados por el actual gobierno —encabezado por Roberto Borge— para despojarlos de sus tierras. En la reunión, los afectados —quienes prefirieron guardar el anonimato— acusaron amenazas a su persona.

Ante tal situación, solicitaron la intervención del Congreso de la Unión para que instancias federales como la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) intervengan y vuelvan a hacer las mediciones y colindancias de las 10,409 hectáreas del ejido, de acuerdo con el decreto firmado en 1973 y recientemente ratificado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Los afectados también acusaron que la Sedatu otorgó títulos de propiedad sobre predios del ejido, lo que provoca incertidumbre, pues tanto empresarios que se presume se han beneficiado de los despojos como los posesionarios anteriores tienen la misma documentación, misma que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad del municipio de Solidaridad con sus certificados, únicamente con diferencias en las fechas.

Ante ello, urgieron a las autoridades definir a los legítimos dueños mediante juicios transparentes.

Sobre las quejas interpuestas por los cónsules de otros países ante el gobierno mexicano por el desalojo de los predios de Tulum , Dieck Zablah señaló que fue únicamente para proteger a los turistas y no a los empresarios, quienes construyeron decenas de cabañas y hoteles, algunos ecológicos, entre ellos el Noch Tunich, Ana y José, Jade, Puerta del Cielo, Playa Azul, Los Lirios, Esmeralda, El Caracol, Azúcar, Ak’iin y Samasati.

“Nos ha pegado en todos los rincones, en la parte inmobiliaria, en el hospedaje y la promoción, y nos convierte en una burla internacional por la falta de una certeza jurídica, lo que nos ha representado pérdidas por más de 300 millones de dólares, además de que se han decretado alertas en varios países, como si se tratase de un Estado con guerra”, dijo uno de los afectados.

De acuerdo con los afectados, la falta de definición jurídica tiene más de 40 años en la región selvática, donde aún abundan recursos naturales como la madera y mantos acuíferos, como cenotes, lagunas y pantanos, que cuentan con una gran variedad de aves, cocodrilos y mamíferos.

En el caso de Dieck Zablah, argumenta haber adquirido la propiedad hace una década, pero otro empresario, el regiomontano Esteban Schiavon Magaña, alega que éstos fueron invadidos por dirigentes del ejido Pino Suárez.

Ante ello, la asamblea de pobladores busca que las autoridades agrarias les reconozcan legalmente esta superficie, sobre la que acusan se han hecho maniobras ilegales para lograr su venta de manera irregular tanto en el ejido de Pino Suárez.

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