El Congreso de Quintana Roo revirtió este jueves la ampliación del servicio público de escoltas al gobernador Roberto Borge y el decreto que dejaba sin sanción numerosos delitos cometidos por servidores públicos.
Al respecto, la diputada Mayuli Martínez Simón, de la fracción parlamentaria del PAN, indicó que “todo servidor público que haya causado daños al estado debe ser castigo con rigidez”.
Tras el periodo de gobierno, tanto el exmandatario como su familia contaban con el beneficio de custodios por seis años, pero durante la pasada Legislatura y a propuesta de Borge, ese periodo se elevó a 15 años.
También se derogaron diversas disposiciones en el Código Penal del estado en las que se disminuían los castigos a delitos que involucraran a funcionarios, entre ellas las conductas de administración fraudulenta y tráfico de infuencias.
Sin embargo, en la nueva legislatura, los partidos PAN, PRD, Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza formaron una alianza para ser mayoría y echar abajo el paquete de reformas con el que se pretendía 'blindar' el gobernador saliente Roberto Borge.
El diputado Javier Padilla de Nueva Alianza dijo que estas reformas devolverán la dignidad a Quintana Roo.