La ONU analiza el respeto a los derechos humanos en megaproyectos en México
La actuación de empresas privadas y del gobierno en el desarrollo de megaproyectos en el país está bajo el escrutinio de un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el respeto a los derechos humanos.
Los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos visitaron México a principios de mes para preparar el informe que presentarán en junio de 2017, y para el cual se reunieron con representantes de Grupo Bal, Grupo Bimbo, Eólica del Sur, Cemex, Grupo México, Goldcorp y Transcanada, así como de las paraestatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Tras 10 días de labores en el país, los expertos Pavel Sulandzinga y Dante Pesce señalaron que una de las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a las empresas están relacionadas con un ejercicio inadecuado de la debida diligencia por parte del gobierno y las compañías en el diseño e implementación de proyectos a gran escala.
“Se trata principalmente de proyectos en los sectores de minería, energía, construcción y turismo que afectan a menudo a las comunidades indígenas”, expone el informe preliminar del Grupo de Trabajo de la ONU, sobre la visita que hicieron a los estados de Jalisco, Sonora, Oaxaca y el Estado de México.
En estos estados, los expertos identificaron cuatro casos que consideraron “ilustrativos de algunas preocupaciones generales”.
Éstos son el Parque Eólico en Oaxaca, en donde los pueblos indígenas se resisten al proyecto de desarrollo que tuvo una inversión de 780 millones de dólares porque consideran que no se llevó a cabo el proceso de consulta adecuado, lo que generó falta de confianza en la empresa Eólica del Sur.
En Xochicuautla, estado de México, la comunidad indígena otomí-mexica se opone a una orden de expropiación para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, que fue emitida en 2012 sin consulta previa.
El Grupo de Trabajo de la ONU expuso en este caso que pese a las solicitudes y orden de amparo para suspender los trabajos en tierras ancestrales, éstos han continuado con la aprobación de autoridades estatales y federales, sin que exista un esfuerzo serio de mediación y consulta.
En ambos casos, se ha solicitado o se busca la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro de los casos que abordaron los expertos durante su visita fue el del Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, donde un vertido tóxico contaminó el cauce afectando a 22,000 personas, así como ganadería y cultivos en siete municipios situados a orillas de dicho afluente.
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Al respecto, el gobierno federal y Grupo México alcanzaron un acuerdo para establecer un fideicomiso por 2,000 millones de pesos para ayudar a la reparación e indemnización de daños y prejuicios causados.
En esta situación, las comunidades afectadas también plantearon preocupaciones relacionadas con la ausencia de una consulta, sobre la falta de confianza, la falta de transparencia acerca del nivel de contaminación y los planes para la recuperación del río, así como el compromiso no cumplido de la empresa para construir una clínica de salud.
Los expertos se reunieron con representantes de la empresa para plantear las observaciones, y éstos señalaron que las obras no se habían completado, pues las autoridades municipales no tenían la capacidad para ejecutar los planes. Sobre la falta de información, lamentaron que las comunidades consideraran que no habían sido adecuadamente notificadas, pero consideraron que era papel del gobierno federal hacerlo.
En el caso del Río Santiago en Jalisco, las comunidades expresaron su frustración porque sus preocupaciones no son escuchadas, pese a la exposición a la contaminación industrial que generan cerca de 300 empresas del corredor industrial Ocotlán-El Salto.
El reporte preliminar del Grupo de Trabajo de la ONU señala que —al igual que en el caso del Río Sonora— se argumentó que se trataba de una cuestión federal, y que se llevaron a cabo mesas de diálogo para discutir un plan de rehabilitación.
A excepción de Grupo Higa, involucrada en el caso Xochicuautla, las demás empresas aceptaron reunirse con los especialistas para analizar los casos correspondientes.
El exhorto al Estado y a la empresas
Los expertos señalaron en su informe que el ejercicio de la debida diligencia en materia de derechos humanos y la consulta adecuada a las comunidades debieron haber ayudado a evitar tales situaciones, por lo que hicieron un llamado a las empresas para cumplir con los principios rectores para evitar provocar impactos adversos para los derechos humanos, independientemente de la capacidad o voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en esta materia.
“En nuestra opinión, las empresas podrían y deberían, en todos los casos, tomar un interés activo en asegurar el ejercicio de debida diligencia en materia de derechos humanos, incluido en sus cadenas de valor, para alcanzar soluciones donde todas las partes ganen o compromisos al menos aceptables”, detalla el documento.
El experto Pavel Sulyandziga afirmó que se necesita desarrollo económico en el mundo, pero que no se puede tolerar que éste viole otros tipos de derechos.
Su compañero Dante Pesce coincidió en enfatizar que el ejercicio de debida diligencia en materia de derechos humanos requiere consulta no sólo con los pueblos indígenas, para quienes se aplican estándares de derechos humanos, sino también con todas las otras comunidades afectadas.
El informe destaca que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del gobierno federal, las compañías deben cumplir con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y aunque los expertos de la ONU reconocieron el respaldo de las cámaras empresariales para seguir estos lineamientos, indicaron que el compromiso aún es insuficiente.
Por su parte, más de 100 organizaciones de la sociedad civil — quienes integraron un informe de más de 60 casos que podían ser analizados por la ONU — hicieron un exhorto al Estado para informar cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor.
Y a las empresas, los activistas solicitaron comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de su cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo.
