Familiares de desaparecidos piden apoyo internacional para la ley en la materia

Integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil pidieron la colaboración con representantes de 18 embajadas en su esfuerzo para que la creación de una Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares garantice que sea idónea para las víctimas, informó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Algunos participantes en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada sostuvieron un encuentro en la Delegación de la Unión Europea en México, con diplomáticos de las embajadas de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza, además de la Unión Europea y del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jařab.

"Los familiares de víctimas de desapariciones forzadas y desapariciones resaltaron la petición de que el cuerpo diplomático pueda trasmitir en su diálogo bilateral con las autoridades mexicanas las exigencias de la sociedad civil para que en el marco de la Ley General se incluya el compromiso de: acatar las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales", indicaron los activistas en un comunicado.

Los representantes de las víctimas abundaron que, entre sus peticiones para la iniciativa —uno de los pendientes del Congreso de la Unión—, está el establecer la participación activa de familiares y organizaciones sociales en los procesos de búsqueda, investigación e identificación; crear una Comisión Nacional de Búsqueda; instituir un proceso de declaración de ausencia que reconozca y garantice la continuidad la personalidad jurídica de las víctimas; establecer un registro público nacional de víctimas de desapariciones forzadas y desapariciones, eliminar la referencia a personas no localizadas, así como asignar presupuesto suficiente para la implementación de la ley.

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado en diciembre pasado una iniciativa de ley general sobre desaparición forzada, y otras propuestas han sido presentadas en la Cámara de Diputados, pero el proceso no ha avanzado .

Al carecer de un marco legal específico, casos emblemáticos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por parte de policías municipales en Iguala, Guerrero, han sido procesados como "secuestro", cuando el derecho internacional reconoce este fenómeno como todo arresto realizado por agentes gubernamentales o por particulares que actúen en nombre de éste o con su apoyo o autorización directa o indirecta, y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de las víctimas.

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Además de la legislación, las víctimas y activistas piden al cuerpo diplomático en México incluir en sus relatorías de derechos humanos "la realidad de la problemáticade desapariciones forzadas y despariciones a manos de particulares", así como "demostrar preocupación por las amenazas, hostigamientos y ataques" hacia quienes luchan contra este flagelo.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que agrega la Secretaría de Gobernación (Segob), da cuenta de 28,500 casos, pero organizaciones civiles afirman que la cifra real es superior, además de que dicha base de datos combina a víctimas de desaparición forzada con personas no-localizadas.