La larga ruta para que el Sistema Nacional Anticorrupción se haga realidad
Al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todavía le espera un largo camino.
Después de la reforma constitucional y de la promulgación de las leyes secundarias en la materia, la nueva normatividad aún necesita dar pasos claves para ponerse en marcha y empezar a brindar resultados. Se prevé que esto ocurra en julio de 2017, cuando entre en vigor la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los congresos locales tendrán que haber homologado las leyes de sus estados.
Antes, deben concretarse algunos nombramientos relevantes, como el del fiscal especializado en casos de corrupción y los de los miembros del comité ciudadano del SNA.
Para determinar a los integrantes del comité ciudadano, el Senado ya eligió al comité seleccionador, conformado por nueve personas.
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Este comité tendrá la tarea de seleccionar a los cinco mexicanos que representarán la voz de los ciudadanos en el Comité Coordinador del SNA. Entre sus tareas estará diseñar el formato de declaración patrimonial, fiscal y de intereses que deberán entregar los servidores públicos.
Por otra parte, el Senado ya lanzó la convocatoria para elegir al fiscal anticorrupción, quien estará encargado de investigar y perseguir posibles actos corruptos.
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La búsqueda de esta persona comenzó el 25 de octubre. Según la convocatoria, algunos de los requisitos que deberán cubrir los aspirantes son ser mexicano por nacimiento, ser abogado, tener conocimientos en transparencia y rendición de cuentas, gozar de buena reputación y no haber ocupado cargos de dirección en un partido político durante los últimos seis años.
Los interesados deberán presentar su documentación como máximo el 9 de noviembre y la terna que se pondrá a votación en el pleno será propuesta a más tardar el 29 del mismo mes.
Sin embargo, aún con estos cargos todavía faltará que se conforme el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y se nombre a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyas propuestas serán enviadas por el Ejecutivo federal a más tardar en el periodo ordinario de sesiones del Congreso inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas, es decir, el 1 de febrero de 2017.
El SNA nació como una estrategia para evitar que en México se sigan incrementando los delitos en esta materia, que consume cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB), merma la competitividad y daña la imagen tanto de instituciones como de funcionarios.
