Los estados dejan de ejercer 13,756 mdp del Seguro Popular en 2015
Si usted tiene algún padecimiento, es beneficiario del Seguro Popular y ha tenido una mala atención, o no hay medicinas en las clínicas de su entidad, aquí puede estar la respuesta: los estados no gastan el dinero que se les asigna para el programa.
Tan sólo en 2015, las entidades dejaron de aplicar 13,756 millones de pesos (mdp) de este programa que atiende a la población sin seguridad social del país, es decir, aquellos ciudadanos que no tienen IMSS ni ISSSTE.
De acuedo con los resultados de la Cuenta Pública 2015 dados a conocer esta semana por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), todas las entidades registraron subejercicio de recursos.
En una revisión a la auditoría, se observa que hay estados donde más de 60% del dinero que recibieron para la atención médica de su población se quedó sin ser utilizado. Tal es el caso de Durango, que no ejerció un solo peso de los 543 mdp de fondos federales que se depositaron a sus cuentas.
Otro caso es Baja California, que dejó de usar 86.7% de los 1,215 mdp que se le depositaron como parte del convenio firmado con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).
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Para el año revisado, los estados contaron con 59,005 mdp, de los cuales, al 31 de diciembre, faltaba por erogar 23.3%.
El Seguro Popular es un programa instaurado desde la administración de Felipe Calderón (2006-2012); está encaminado a prestar atención médica a las personas que carecen de antención médica del IMSS o el ISSSTE y, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, son más de 54 millones las afiliadas.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que, a pesar de la afiliación, los servicios del Seguro Popular carecen de calidad.
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Tranferencias sospechosas
En las auditorías realizadas se encontró que “se determinaron transferencias de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas del sector salud, que en su momento no fueron reintegrados; asimismo, se detectó un inadecuado control en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto”.
Además, se indica que entre los principales problemas están que las Secretarías de Finanzas de los estados no transfieren los recursos del programa, o lo hacen con retraso a los organismos operadores, o éstas no están calendarizadas, lo que ocasiona la necesidad de financiar el servicio a los afiliados con recursos de otras fuentes.
El resultado de la auditoría realizada a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud indica que hay un presumible daño o perjuicio a la hacienda pública federal en las entidades, por lo que a cada una se le ordena demostrar la aplicación de los recursos que están pendientes.
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