La SFP emitió 33 sanciones al día en lo que va del sexenio de Peña Nieto
La Secretaría de la Función Pública (SFP) –encargada de vigilar las actividades de los servidores públicos– ha emitido 51,275 sanciones en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, es decir, 33 'regaños' al día en promedio.
La dependencia, a cargo de Arely Gómez, detalló que del 1 de diciembre de 2012 al 28 de febrero pasado, se sancionó a 38,137 servidores públicos, una cifra menor al número total de faltas, debido a que en ocasiones algunos funcionarios realizan dos o más de ellas.
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El monto económico de las multas equivale a 8,506 millones 870,333 pesos, casi ocho veces el presupuesto de la propia SFP para este año, que es de 1,106 millones 575,552 pesos.
En los primeros dos meses de este año, se aplicaron 728 sanciones a 581 servidores públicos, por un monto de 283 millones 795,178 pesos, sin contar el caso de los siete funcionarios de Pemex Logística, sancionados por la SFP el 9 de marzo pasado, acusados de hacer pagos a empresas por una obra no ejecutada y por la compra de un equipo que no se entregó. Por ello ,recibieron sanciones que van desde los 15 años de inhabilitación y multas por 50 millones de pesos.
Sin declaraciones patrimoniales
Las principales causas sancionatorias de los funcionarios, de acuerdo con la dependencia, son el incumplimiento en las declaraciones patrimoniales, en un 59.85%.
Las leyes secundarias anticorrupción incluyeron un apartado específico al respecto que hace obligatoria su presentación. En el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
La información contenida, así como los formatos, estarán en manos del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
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Después del incumplimiento en las declaraciones, se encuentran las negligencias administrativas, 29.1%; violación a las leyes y a la normatividad presupuestal, 3.60%; abuso de autoridad, 3.74%; violación en los procedimientos de contratación, 2.5%; cohecho o extorsión, 0.66; ejercicio indebido de funciones, 0.36%; y por último la violación a los derechos humanos, 0.3%.
Por desglose de sanciones impuestas, la mayoría de ellas derivó en suspensiones (13,243), seguidas de amonestaciones públicas (10,904), amonestaciones privadas (11,265), inhabilitaciones (10,464), sanciones económicas (3,593) y destituciones (1,806).
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