El video del 'moche' en San Luis destapa una posible red de corrupción

El video en el que se ve al diputado local Enrique Flores Flores exigir un pago a un alcalde de San Luis Potosí a cambio de "limpiar" su cuenta pública no sólo ha impactado a su bancada y al partido en el que militaba, el PAN. La grabación también ha tenido repercusiones fuera de esos círculos y apunta a la existencia de una red de corrupción en ese estado del norte de México.

En la pieza, difundida por el diario El Pulso de San Luis, se mencionan nombres de otros legisladores del PRI, del PRD y del PVEM, así como de funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE), todos ellos implicados en irregularidades en el manejo y la fiscalización de los recursos públicos.

Aquí presentamos un recuento del caso.

Los hechos y los nombres

El 24 de mayo, el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, del PAN, realizó un video con el que prometió exhibir "cobros y extorsiones" que legisladores locales exigen a los alcaldes a cambio de dejar sin observaciones sus expedientes ante la ASE y, con ello, hacer parecer que los ediles ejercen sus presupuestos debidamente.

En la grabación, Flores cita diversos nombres, entre los que figuran los de Óscar Bautista Villegas, diputado por el PRI y vocal de la Comisión de Vigilancia del Congreso potosino; José Guadalupe Torres Sánchez, del PRD y presidente de esa misma comisión, y Manuel Barrera Guillén, del PVEM y presidente de la Mesa Directiva.

De acuerdo con El Pulso de San Luis, estos legisladores están coludidos con personal del órgano fiscalizador en la "limpieza" de cuentas públicas.

Sin embargo, desde esa fecha todos ellos se han deslindado del contenido del video. Incluso, Barrera y Torres presentaron una denuncia ante la procuraduría estatal para que se investigue el caso y se deslinden responsabilidades. En tanto, Bautista aseguró que, debido a que los diputados carecen de facultades para modificar una cuenta pública, las observaciones realizadas al ayuntamiento de Ébano —por 38 millones de pesos— todavía siguen vigentes.

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Renuncias y exigencias

Tras la difusión del video, el PAN inició un proceso de expulsión contra Flores, aunque éste se adelantó y renunció a su militancia el fin de semana pasado.

En una carta dirigida al líder nacional del partido, Ricardo Anaya, el legislador se defiende de los señalamientos en su contra y acusa al partido de estar sumido en confrontaciones internas y proyectos personales.

"El juzgar sin conocimiento y sin sustento es una práctica que parece sólo se ha aplicado a los que no comparten los proyectos personales de la dirigencia estatal del partido, ejemplo claro es el mío, donde no se toma en cuenta mi trayectoria y antecedentes limpios", dice.

Ante el caso, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, urgió a las autoridades estatales a investigar y aplicar "sanciones ejemplares" a los involucrados. Además, versiones de prensa indican que la dirigencia sancionará a los militantes que hayan incurrido en irregularidades.

En el PRD, la secretaría general estatal aseguró que se solicitará a Torres separarse de su curul hasta que se aclare la situación.

Mientras tanto, el auditor José de Jesús Martínez Loredo renunció en medio del escándalo.

En una carta, el ahora exfuncionario argumenta motivos de salud, aunque reportes de El Pulso de San Luis señalan que, desde que asumió el cargo en 2014, ha enfrentado críticas y señalamientos por nepotismo y conflicto de interés en relación con su empresa, Martínez Loredo y Zapata, SC.

Por estos motivos, el Congreso local tiene abiertos siete procesos de juicio político contra el exauditor, uno de ellos promovido por el propio Flores.

Otro escándalo que rodea a la ASE se relaciona con la supuesta presión del jefe de la Unidad de Información del organismo, Fernando Barrera Guillén, para que la alcaldía de Santa María del Río le pague un laudo laboral a pesar de que fue él quien renunció al cargo de contralor en ese municipio, en 2009.

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Voces contra la corrupción

El caso ha provocado el surgimiento de un frente ciudadano contra la corrupción en la entidad.

En un desplegado dirigido al gobernador Juan Manuel Carreras, al Congreso estatal y al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, líderes de organizaciones empresariales y civiles y 300 ciudadanos exigen acciones urgentes contra las prácticas deshonestas.

Los firmantes demandan una "verdadera cruzada" contra los daños a las arcas públicas, la eliminación del fuero a funcionarios públicos y castigos para los involucrados en redes de corrupción.

Una de las acciones que plantean es iniciar juicios de procedencia y responsabilidad penal, la separación del cargo de los diputados mencionados en el video y una nueva revisión de las cuentas públicas de 2013 a 2016, las cuales corresponden al periodo de Martínez Loredo como auditor.

Asimismo, exigen que la revisión a la cuenta pública 2016 se realice a través de un despacho externo —en especial al ayuntamiento de San Luis Potosí, que aparece con cero observaciones, según el desplegado—, y suspender la convocatoria para integrar la Comisión de Selección para el nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción .

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