La exigencia para que el gobierno responda a acusaciones de espionaje gana apoyo

A una semana de que el diario estadounidense The New York Times reportó que autoridades mexicanas espiaron a activistas, académicos y periodistas —un reporte elaborado con base en la investigación de un laboratorio canadiense y en entrevistas con los afectados—, más voces se suman a los llamados a que el gobierno de Enrique Peña Nieto dé explicaciones detalladas sobre el tema y transparente el uso de la tecnología con la que cuenta para recabar información de inteligencia.

Durante los últimos días, legisladores de los partidos de oposición presentaron propuestas formales para que la administración de Peña Nieto rinda cuentas, ya sea a través de la comparecencia de altos funcionarios o de informes especiales por parte de las dependencias del gabinete de seguridad.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se sumó el viernes a estas exigencias, al demandar que se realice una investigación "pronta, objetiva, integral e imparcial" sobre este caso, con la finalidad de que se deslinden responsabilidades y se proceda legalmente en caso de que algún funcionario haya invadido ilegalmente la vida privada de ciudadanos.

"Toda injerencia abusiva o arbitraria en la vida privada de las personas está prohibida por el derecho internacional, el cual impone a los estados, por el contrario, la obligación de brindar la protección más amplia y efectiva posible a la misma", señaló el organismo autónomo a través de un comunicado.

En el mismo sentido, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) llamó a que se publiquen los contratos gubernamentales para comprar software o programas de espionaje, los gastos en este rubro y el marco jurídico que justificó las compras.

"La gravedad de las acusaciones en contra del gobierno mexicano amerita una investigación por parte de las autoridades competentes", indicó el órgano en un comunicado.

Son "falsos señalamientos": Peña

Los pronunciamientos de la CNDH y otras instancias se produjeron incluso después de que el propio presidente hablara del tema el jueves. Ese día, durante un acto público en Jalisco, el mandatario reconoció que el gobierno federal cuenta con tecnología para recabar información de inteligencia, aunque negó que ésta haya sido usada de manera indebida.

Incluso, al final de su mensaje dijo que esperaba que la ley "pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno", lo que causó controversia porque organizaciones a favor de la libertad de expresión interpretaron la declaración como una amenaza contra quienes reportaron el caso.

Ante la polémica, Peña Nieto habló ante periodistas momentos después y aclaró: "Somos un gobierno que respeta la libertad de expresión, respeta el sentir, la manera de pensar de cada ciudadano, esté o no del lado del gobierno, pero siempre hemos sido respetuosos".

Además, informó que ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar las indagatorias en torno a si hubo o no violaciones a la privacidad de figuras públicas como el activista Mario Patrón, director del Centro Prodh; Juan Pardinas, cabeza del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret.

Tres días antes, horas después de que se publicara el reportaje de The New York Times, los afectados presentaron una denuncia ante la PGR para demandar una investigación sobre este caso, que abre un nuevo frente al gobierno de Peña Nieto, quien está a dos meses de presentar su quinto Informe de Gobierno y a menos de un año de las elecciones para definir a quien lo sucederá en la Presidencia de la República.

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ONG ven deficiencias en la ley

El especialista Juan Manuel Casanueva, director de la organización civil SocialTIC, considera que el caso revela, entre otras cosas, la necesidad de que México cuente con una regulación más estricta y clara sobre el uso de la tecnología por parte del gobierno para recabar información de inteligencia.

En entrevista con Expansión, cita como ejemplo que en los países escandinavos existen leyes que determinan puntualmente quiénes pueden usar mecanismos intrusivos y que garantizan que solamente puedan ser empleados bajo una orden judicial, además de que obligan a que se informe a los ciudadanos si fueron investigados y por qué motivos.

"Eso es el ideal, es lo que se busca desde una manera jurídica y en un contexto democrático", dice Casanueva, quien argumenta que este paso es indispensable para que la ciudadanía confíe en las acciones gubernamentales.

El posible impacto

De acuerdo con el reportaje de The New York Times, Citizen Lab, una instancia de la Universidad de Toronto, detectó que los afectados en México sufrieron intentos de intrusión en sus teléfonos a través del spyware Pegasus, que fabrica la empresa israelí NSO Group y que únicamente lo vende a gobiernos con la condición de que sólo sea usado para prevenir actos terroristas y combatir a la delincuencia organizada.

El diario también habló con los ciudadanos en cuestión, quienes dijeron que los momentos en los que recibieron mensajes inusuales coincidieron con momentos en los que estaban inmersos en asuntos que entonces atraían la atención pública, como el apoyo a las demandas de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el caso de Mario Patrón, o la redaccón de la iniciativa de Ley 3 de 3, en el caso de Pardinas.

"Hay tres comunes denominadores. Uno, el tipo de ataque, lo que dicen (los mensajes), cómo tratan de provocar. Dos, técnicamente, la infraestructura de infección, dónde se encontró el virus que infectó o que trató de infectar. Y tres, la coyuntura en que esas infecciones se dieron en cada uno de estos casos", dice Casanueva.

Pero este no es el único caso de presunto espionaje en el que están implicadas las autoridades mexicanas. A principios de año, los activistas Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; Luis Encarnación, de la coalición ContraPESO, y Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), acusaron haber sido espiados por el gobierno a propósito de su seguimiento a las políticas públicas en materia de prevención del sobrepeso y la obesidad.

Según se informó entonces, Citizen Lab también fue la instancia que detectó las intromisiones, que a su vez llevaron a un grupo de organizaciones civiles a salir de la Alianza para el Gobierno Abierto, en la que trabajaban desde hace cinco años con la actual administración y con el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

Hoy, el nuevo caso que involucra al gobierno amenaza con profundizar el distanciamiento con la sociedad civil.

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Con información de Ariadna Ortega.