Opacidad, despilfarro y desconfianza, la constante en los congresos mexicanos

El reporte fue realiza por dicho instituto a partir de indicadores internacionales, datos disponibles en los estados sobre sus respectivos congresos y solicitudes de información. El documento también retoma datos del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía de 2016 en los que da cuenta que 82% de los mexicanos no confía en sus legisladores.

En cuanto a la percepción sobre el uso del cargo, México se situó entre los primeros países donde sus habitantes piensan que los legisladores utilizan el cargo para beneficio propio de acuerdo con el índice Rule of Law del World Justice Project, 2016.

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En una comparativa internacional —con datos de 2011— se indica que los recursos asignados a cada legislador en estados como Veracruz, la Ciudad de México o Baja California también superan a los destinados en 97 países como Colombia, Chile, y Alemania.

En cuanto al crecimiento del gasto, el documento señala que de 2012 a 2017 el presupuesto de los congresos locales creció un 11.1%, al pasar de 10,307 mdp a 13,551 este año.

En cinco estados, dicho aumento representó un monto superior al 40% durante los cinco años, con casos destacados como Sonora, con un 69.4%; Coahuila, con 61.1%; y Michoacán, con 53.1%.

En el caso de 2016, señala que el presupuesto aprobado contra el ejercido representó un aumento de 1,001 mdp más, siendo Querétaro, Hidalgo y Puebla, los que más recursos gastaron en comparación con los recursos designados inicialmente.

Otro rubro en el que se detectó despilfarro fue en el dinero que los legisladores otorgaron para ayudas sociales donde 17 congresos gastaron 1,355 mdp tan sólo en 2016. En ese caso, destacan los casos de la ALDF y los congresos de Guerrero y Veracruz que gastaron 878 mdp en dádivas, cifra mayor a lo aprobado para los entes fiscalizadores en dichos estados por 865 mdp.

En cuanto a las prestaciones como el aguinaldo da cuenta de una percepción hasta 6 veces superior al mínimo establecido en la legislación (15 días), siendo los legisladores de San Luis Potosí los más beneficiados con 90 días de pago.

El informe también señala la asignación de recursos a los diputados del Estado de México para acciones de desarrollo social, entre los que están 187.5 mdp destinados al programa de Apoyo a la Comunidad, los cuales se destinan a demandas ciudadanas. Dicho programa existente desde 2008, según el estudio, representará a 2017 una erogación 1,875 mdp, es decir, 2.5 mdp por diputado.

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Comisiones excesivas

En cuanto al desempeño de las legislaturas señala el crecimiento en el número de comisiones que en un año pasó de 891 a 922, siendo Veracruz, Morelos y Baja California las que presentaron un mayor crecimiento. Asimismo señala que mientras la media internacional de comisiones es de 18, en México en promedio son 29.

De manera particular menciona el caso de Chiapas donde sólo sesionaron 20 de las 42 comisiones existentes, mientras que en 2016 de las 86 reuniones de trabajo celebradas el 62% fueron de las comisiones de Hacienda y Gobernación.

En cuanto a las sesiones de pleno detalla que el promedio fue de 81, siendo el Congreso de Baja California Sur el que más celebró con 182 y el de Querétaro el que menos tuvo con 34.

Respecto a las iniciativas aprobadas destaca el caso de Jalisco con 974, mientras que Tlaxcala fue la que menos tuvo con 4 propuestas. En cuanto a las iniciativas presentadas por los gobernadores destaca el caso de Puebla con 67, mientras el que menos tuvo fue Jalisco con 2.

Fiscalización con pocos recursos

En cuanto a las labores de fiscalización encargadas al Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior del Estado señala que para 2017 de los recursos destinados a los congresos locales, 12,439 mdp, únicamente el 24% se destinó a los organismos encargados de la revisión del gasto.

En lo referente al reparto, destaca el caso de Puebla con el 52% del gasto destinado a la entidad de fiscalización, mientras que Morelos únicamente destina el 4%.

Un caso que se resalta es el de Michoacán, donde su auditoría carece de autonomía financiera, pues depende de los recursos que le sean suministrados por el Congreso estatal, de acuerdo con una de las solicitudes de información que ingresó el IMCO para el estudio.