La PGR investiga al gobernador de Nayarit por presunto enriquecimiento ilícito
La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación con el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por presunto enriquecimiento ilícito, de acuerdo con un reporte del periódico El Universal.
La investigación es resultado de una denuncia hecha por un grupo de políticos, encabezado por el diputado federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo, y por el presidente municipal con licencia de Tepic, Leopoldo Domínguez.
En el recurso, basado en notas periodísticas y en videos de YouTube donde el gobernador presume una de sus propiedades, se le acusa de haber aumentado su patrimonio de manera inexplicable durante su gobierno.
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Se señala que Sandoval solo tenía una casa de dos millones de pesos en Guadalajara, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales al principio de su administración. Sin embargo, el gobernante priista ha presumido durante su administración un rancho de 17 hectáreas en San Blas, Nayarit, que podría tener un costo millonario.
En un video publicado en YouTube, el mandatario invita a un grupo de reporteros a recorrer el rancho, de acuerdo con el reporte del diario.
La denuncia fue atraída por la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF) el 2 de junio, por tratarse de un delito probablemente cometido por un funcionario público considerado de alto nivel, señaló el diario.
A finales de marzo pasado, el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido en San Diego, California, acusado de delitos contra la salud cometidos en Estados Unidos.
Legisladores y líderes de los partidos de oposición en Nayarit, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigieron que el gobernador se separara del cargo mientras se esclarecía la situación de su fiscal.
Pero este no es el único escándalo que enfrenta el gobierno de Sandoval. Un grupo de funcionarios nayaritas otorgó contratos a empresas que ellos mismos fundaron o donde estaban involucrados familiares. Los fallos suman por lo menos 120 millones 820,000 pesos, de acuerdo con un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El método fue el siguiente: ellos fundaban las empresas, concursaban, decidían y se quedaban con el presupuesto público. Los contratos que beneficiaban a las empresas que fundaron los firmaban ellos con su puño y letra, y en otras ocasiones lo hacían otros funcionarios.
Expansión buscó a la PGR para obtener una confirmación del texto publicado por El Universal, pero no hubo una respuesta inmediata.
