Javier Duarte y la Procuraduría General de la República (PGR) confrontan nuevamente argumentos en una audiencia en la que un juez decidirá si existen o no elementos suficientes para vincularlo a proceso ante las acusaciones que encara por corrupción.
Cinco días después de la extradición del exgobernador de Veracruz desde Guatemala a México, y de su primer careo con autoridades federales, este segundo round está programado para las 10:00 horas de este sábado en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Reclusorio Norte de la capital del país, donde el lunes pasado Duarte escuchó las razones por las que se le atribuyen los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este sábado, la PGR tendrá oportunidad de volver a exponer el caso y aportar más pruebas, y el juez de control Gerardo Moreno García resolverá si vincula a proceso a Duarte —es decir, si se le abre un proceso penal formal— o si la falta de suficientes elementos lleva a que quede en libertad.
Durante la primera audiencia del lunes, el exgobernador de Veracruz y su equipo de abogados —encabezado por Marco del Toro Carazo, también defensor de la exdirigente del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo— cuestionaron las acusaciones e incluso lograron poner en duda la solidez del expediente de la PGR, según informaron periodistas presentes en el encuentro.
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Al final de la sesión, de acuerdo con estos reportes, los tres representantes de la PGR
, lo que representa apenas 8.7% de los 439 millones en recursos públicos que la dependencia estima que fueron desviados por el exfuncionario.De cara a la audiencia, a lo largo de esta semana dos altos funcionarios han ofrecido colaborar con la acusación contra Duarte, quien gobernó Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, cuando solicitó licencia al cargo y se convirtió en prófugo de la justicia.
Uno de ellos fue el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, militante del PAN,
. A la par de las acusaciones federales, Duarte enfrenta otras de parte de la administración de Yunes Linares, que le atribuye los delitos de peculado, tráfico de influencias, coalición, abuso de autoridad e incumpliendo del deber legal.El otro funcionario que se refirió al caso fue el secretario de Salud federal, José Narro Robles, quien este viernes dijo a medios que la dependencia a su cargo tiene información sobre las irregularidades del gobierno de Duarte en el manejo de recursos federales.
Duarte, quien en octubre fue expulsado del PRI —el partido del presidente Enrique Peña Nieto—, fue detenido en Guatemala el 15 de abril y el 21 de julio fue extraditado a México. Públicamente es considerado un símbolo de la corrupción que existe en las administraciones estatales, aunque él se declara inocente y asegura que la persecución en su contra obedece a motivos políticos.
Especialistas en Derecho consultados por Expansión este mes consideraron que su caso representa un desafío para el sistema de justicia mexicano.
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