Puebla saca de circulación a Cabify

El gobierno de Puebla canceló el registro de la empresa Cabify al argumentar que carece de un sistema de seguridad, luego de que uno de sus choferes fue acusado por el feminicidio de la estudiante Mara Castilla.

La compañía no cumplió con el artículo 45 Ter de la Ley de Transportes en donde se establece que se deben de aplicar exámenes toxicológicos, psicométricos y psicológicos a sus conductores como una forma de garantizar seguridad a los clientes, según la explicación que dio este lunes el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, y la secretaria de Infraestructura, Transportes y Movilidad, Martha Vélez.

“Una de las medidas que decidimos tomar es la inmediata cancelación del registro de Cabify en Puebla, debido, fundamentalmente a las irregularidades a sus protocolos de seguridad que han sido expuestas de manera pública”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Agregó que la investigación mostró que el conductor, Ricardo N., fue contratado por Cabify luego de haber sido despedido por Uber, “justamente por comportamiento indebido”.

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Tras haber dado a conocer que fue hallado el cuerpo de la víctima, el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, ordenó el viernes abrir una investigación en contra de la empresa de transporte.

El conductor de la unidad de Cabify se encuentra detenido y es señalado como el principal sospechoso de la muerte de Castilla.

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Cabify se defenderá por la vía legal

Más tarde, en un comunicado de prensa, Cabify dio a conocer este lunes que se defenderá por la vía legal tras la decisión estatal.

Además, aclaró que no tuvo conocimiento en que el imputado había sido despedido de Uber en mayo pasado, porque la información nunca les fue compartida ni por parte de la firma ni por las autoridades, ya que incluso la Fiscalía General del Estado (FGE) le emitió una carta de antecedentes no penales al presunto feminicida en agosto pasado, además de que cumplió con todos los requisitos para sumarse a la plataforma.

“La revocación de la licencia puede derivar en la pérdida de fuentes de ingresos para cientos de familias poblanas”, se lee en el documento, aunque no se especifica el número.

En entrevista telefónica con Expansión, Alejandro Sisniega, Country Manager de la empresa, consideró que es “mediática” la acción que el gobierno estatal está emprendiendo contra la compañía que representa, pues ninguna de las firmas que operan bajo este sistema y de algún otro pueden prever la comisión de un delito por parte de sus socios y/o conductores, “pues está en la naturaleza humana hacer cosas irracionales”.

“Este es un hecho lamentable, pero todos los exámenes que nosotros hagamos, al final del día van a tener un cierto grado de que no puedan ser fiables (…) el perfil de Ricardo está aprobado, pasó por todos los procesos, sus exámenes psicométricos tuvieron una calificación aprobatoria, presentó constancia de antecedentes no penales”, argumentó.

Previo a la conferencia de prensa que ofrecieron los integrantes del gabinete estatal, Sisniega fue cuestionado por Expansión sobre la advertencia que había hecho desde la noche del viernes pasado el gobernador Antonio Gali Fayad en retirarle a Cabify los permisos e indicó que se dará una batalla legal.

“En todo caso, tendrían que sacar a otros que no cumplen con la Ley. Nosotros la hemos cumplido a cabalidad. Hay quienes están haciendo lo que no está permitido, como cobrar en efectivo”, dijo en alusión a Uber.

En tanto, la directora de comunicación global de la compañía, Diana Pantoja, declaró a Expansión que hasta el momento la firma no ha recibido una notificación oficial de la cancelación.

"Vamos a respetar lo que nos diga la autoridad, obviamente no estamos de acuerdo porque somos la empresa que más se apega a la regulación en Puebla hoy y atenderemos el asunto por la vía legal. Esto implicaría que mucha gente se quede sin empleo”, declaró Pantoja.

El gobierno dice que ahora sí vigilará al personal de taxis

Sobre los socios que actualmente laboran en la plataforma de Cabify y que a partir de esta semana se quedarán sin empleo, la secretaria de transportes, Martha Vélez Xaxalpa, ofreció otorgar permisos mercantiles, aunque no se dieron más detalles sobre el mecanismo.

En el caso del resto de las empresas de redes de transporte que operan en la entidad, como Uber, Kerala México Tehuacán, ICES y Súper RT Kanguro, y está en proceso Easy Taxy, se dieron a conocer una serie de requisitos que serán integrados en la ley como una forma de que el estado tenga el control de quiénes son los que laboran en estas compañías y evitar otro caso como el de Mara.

“Se hará para todas las empresas de redes de transporte que cada uno de los conductores tengan licencia mercantil. Hasta hoy era obligatoria la licencia de conductor privado pero ahora se hará con el fin de garantizar que tengan que entregar documentos de antecedentes no penales, que serán verificadas con la plataforma de seguridad pública”, explicó.

Y es que en la reforma a la Ley de Transportes que se aprobó en agosto de 2015 para dar entrada a la operación de este tipo de servicio, los legisladores “olvidaron” incluir un reglamento, además que quedó establecido en el artículo 45 que deben ser las propias compañías las que se autorregulen. Son las únicas responsables de las contrataciones.

Ahora, en la serie de medidas que propone el estado destaca tener el control de los resultados de las pruebas toxicológicas, además de brindarles capacitación contra el hostigamiento y el acoso sexual.

Además, se proponen evaluaciones semestrales para cada uno de los choferes para revisar que no hayan cometido algún acto delictivo en otra compañía. Para ello, se creará una base de datos para conocer en tiempo real qué conductores han sido dados de baja en alguna plataforma, como en el caso de Ricardo N., quien trabajaba para Uber y que con “malos antecedentes” fue dado de baja y después se pasó a Cabify.

La funcionaria dijo que Cabify dejará de operar sin alguna indemnización, pues la ley no lo establece, aunque está en su derecho de recurrir a amparos.

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