Hoteles despojados en Tulum son devueltos a sus propietarios

Dos hoteles de Tulum, Quintana Roo, que habían sido despojados de sus dueños a través de juicios laborales amañados durante la administración del exgobernador Roberto Borge, fueron restituidos este lunes a sus propietarios.

La devolución de los hoteles fue ordenada por el Juez Segundo de Distrito de Quintana Roo, tres años y medio después de que actuarios y policías municipales armados irrumpieron en ellos para sacar de las instalaciones a huéspedes y despojar a sus propietarios del inmueble para cobrar un supuesto laudo, resultado de un juicio laboral amañado.

Los hoteles restituidos son el Hotel Playa Azul —que ahora funciona con el nombre Viento de Mar– propiedad de Joel Tovar Arcos y ubicado en la parcela 1959, y las Cabañas Puerta del Cielo, situadas en la parcela 1958, que pertenecen a Pedro Hernández Ramírez. Ambos predios se encuentran dentro del Ejido José María Pino Suárez, en el corazón de la zona hotelera de Tulum.

Las Cabañas Ixchel (hoy llamado Rosa del Viento), ubicadas en la parcela 2042, también son parte de la resolución del juez, pero no han sido restituidas debido a que el lunes no hubo nadie que las recibiera, así que será en los próximos días que se haga la diligencia para entregarlas a los propietarios que fueron despojados.

En julio del 2016, Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelaron que un red de funcionarios de la administración borgista operaba esta modalidad de despojos contra empresas y particulares a través de juicios laborales a modo.

En cada uno de los casos el “modus operandi” era el mismo: supuestos empleados iniciaban una demanda laboral, la cual nunca era notificada a los dueños o se simulaba su notificación por lo que éstos no podían defenderse, en algunos casos se enteraban del juicio laboral hasta que les embargaban propiedades o dinero de sus cuentas bancarias para cubrir los laudos.

El despojo ilegal

Estos tres hoteles, junto con Dos Ceibas (devuelto el año pasado), fueron despojados mediante un juicio laboral iniciado el 30 de enero de 2012 ante la Junta Especial No. 2 de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cancún, por Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera, quienes aseguraron ser trabajadores despedidos injustificadamente.

En la demanda laboral 138/2012, ingresada de manera irregular —pues no tenía registro de Oficialía de Partes— los supuestos trabajadores dijeron tener sueldos al mes de 753,234 pesos y sobre ese monto se realizó el laudo laboral.

La demanda fue interpuesta en contra de Carlos Amador Treviño Lozano, quien se ostentaba como representante legal de “Inmobiliaria Norenco”, empresa que se dijo ser propietaria de los cuatro inmuebles.

El supuesto patrón ofreció pagar a los demandantes 200 millones de pesos en cinco días, cantidad que no fue pagada y originó el desalojo ilegal de los tres hoteles el 23 de mayo del 2014.

Debido a ello, Joel Tovar, Pedro Hernández y los demás propietarios que tenían la posesión nunca se enteraron ni fueron parte de juicio, por lo que se violó su derecho a una legítima defensa.

nullEste caso fue resuelto luego de dos años de procesos judiciales, donde los dueños ganaron un amparo indirecto en el que se ordenó la restitución de los tres hoteles.

Con esto, se termina la controversia por el desalojo, pues ya no hay un procedimiento o instancia a la que la contraparte pueda acudir debido a que el amparo se resolvió de fondo.

Este caso es independiente a los despojos cometidos en contra de 16 hoteles de la misma franja costera, realizados el 17 de junio del 2016 que provocaron que los consulados de cuatro países europeos se pronunciaran y pidieran una profunda investigación del caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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Por estos hechos, la nueva administración abrió investigaciones administrativas y judiciales en contra de algunos presidentes de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, pero no se tiene información del avance de la mismas.

En este tiempo, al menos tres hoteles han sido demolidos o modificados o se les han cambiado el nombre, acciones que los afectados han señalado que se hace para que los predios no se reconozcan y se dificulte la devolución. No obstante, esto no fue impedimento para que los actuarios llevarán a cabo la diligencia de restitución, pues en ella también estuvo una perito en materia de topografía y geodesia.

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