El gobierno de QRoo investiga red de corrupción de Borge en juicios a modo

Hasta ahora son 170 los expedientes laborales extraviados y 16 con irregularidades los que se han detectado en las juntas especiales, señala la secretaria de Trabajo de la entidad.
El gobierno de Carlos Joaquín González investiga a exfuncionarios involucrados en juicios simulados para despojar de propiedades a empresas y particulares.
Los Piratas de Borge  El gobierno de Carlos Joaquín González investiga a exfuncionarios involucrados en juicios simulados para despojar de propiedades a empresas y particulares.  (Foto: Expansión)
MARIEL IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El gobierno de Quintana Roo interpuso denuncias penales en la Fiscalía General del estado en contra de cuatro titulares de juntas de Conciliación y Arbitraje, por llevar a cabo juicios laborales a modo para despojar de sus bienes a empresarios, ejidatarios y particulares en los municipios de Cancún y Tulum.

Se trata de cinco denuncias interpuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos, luego de que la nueva administración detectó 170 expedientes perdidos y 16 juicios laborales falsos o con irregularidades, explicó a Expansión la titular de la dependencia, Catalina Portillo Navarro.

Los exfuncionarios que fueron denunciados son Elide María Meriggi Pérez, Alexis Ayala Ávila y Javier Ernesto Rosado Sauri, presidentes de las juntas especiales 1, 2 y 3 de Cancún, así como Roberto Javier Ibarra Morales, de la Junta Especial de Playa del Carmen, quienes estuvieron al frente de estas instituciones mientras se realizaron los juicios laborales a modo.

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De acuerdo con Portillo Navarro, si bien las denuncias son contra los extitulares de la juntas, no descartó que haya más personas involucradas en la red y adelantó que habrá más investigaciones.

“Hay más personas involucradas porque, en la juntas de Conciliación y Arbitraje, los que tienen fe pública para cada una de las actuaciones son los secretarios de acuerdos, los secretarios generales y los actuarios, que son los que ejecutan y dan fe de dicha diligencia", dijo.

En julio, Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicaron una investigación que dio cuenta de una red de funcionarios auspiciados por el entonces gobernador, Roberto Borge, que se dedicaba a despojar de casas, departamentos, hoteles y dinero en efectivo a través de juicios laborales amañados interpuestos en las juntas especiales de Conciliación y Arbitraje de Cancún y Playa del Carmen.

En la investigación, publicada en dos partes, se pudo documentar más de una docena de casos, como los despojos de los departamentos de los condominios Lagoon Loft en el Club de Golf Pok Ta Pok y Maioris Tower, en Puerto Cancún —un desarrollo habitacional en una de la zonas de mayor plusvalía de Cancún—, las cuentas de banco vaciadas a empresas como Pochteca, la transnacional Nestlé, la desarrolladora Planigrupo, y los desalojos a los hoteles Playa Azul, Puerta del Cielo, Ixchel y Dos Ceibas, entre otros.


El 'modus operandi' de #LosPiratasDeBorge


Denuncias a detalle

La titular de Trabajo detalló que las denuncias por peculado se interpusieron luego de que en la juntas especiales 2 y 3 y en la de Playa del Carmen se encontró un faltante en conjunto por 678,191 pesos.

“Sellamos la cajas fuertes hasta que fuera la entrega-recepción y, al momento de abrir los sellos, las cantidades que habían depositado los patrones a favor de los trabajadores, por laudos, garantías de amparos o por subsistencias económicas, no estaban completas. Los presidentes son los encargados de guardar este dinero, se cotejó con los documentos y había faltantes”, detalló la funcionaria, quien señaló que donde se encontró un mayor faltante fue en la Junta Especial 2.

En el caso de la denuncias por infidelidad en la custodia de documentos, Portillo Navarro explicó que son 170 expedientes de juicios laborales los que están desaparecidos, siendo nuevamente la junta 2, que era dirigida por Alexis Zavala, la que más documentos desaparecidos tiene: 157.

En esta junta se radicó la mayor parte de los juicios que Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron, y fue donde los afectados coincidían en señalar que en la junta les hacían “perdedizo” su expediente e, incluso, debían acudir a amparos para conocer quién los demandaba.

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La secretaria de Trabajo indicó que de los varios expedientes que no aparecen se han detectado diversas inscripciones en el Registro Público de la Propiedad (RPP), donde también se documentaron diversas irregularidades en su actuar, como es el resguardo y cierre de folios para consulta pública que correspondían a predios despojados.

“Hay inscripciones en el Registro Público de la Propiedad de embargos sobre dichos bienes inmuebles, pero no tenemos el expediente para poder cotejar”, indicó.

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Fraudes procesales

La funcionaria consideró que los juicios simulados que se cometieron en las juntas especiales de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo no son otra cosa que fraudes procesales; no obstante, dijo que a la administración local no le corresponde denunciar por este delito, ya que éste fue cometido en contra de los afectados y no de la administración.

“En la entrega y recepción al momento del cese de los anteriores presidentes de juntas, nos vamos encontrando, lo sabíamos, ya sabíamos por la investigación periodística de Grupo Expansión”, expresó.

La secretaria dijo que hay varios casos en los que los mismos abogados que llevaron la demanda laboral son los que las firmaron con una supuesta carta poder; nunca firmaron los trabajadores y, en otros casos, los supuestos trabajadores de las empresas son hasta los abogados.

“Simulaban la notificación a los demandados, estos actuarios manifestaban que sí habían notificado, siendo que no lo hacían y trastocaban el derecho fundamental a una defensa adecuada y a ser oídos y vencidos en el juicio”, confirmó Portillo Navarro.

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¿Qué se está haciendo?

A poco más de dos meses de iniciada la actual administración, la secretaria de Trabajo subrayó que, aparte de investigar para poder iniciar las demandas penales, una de las primeras acciones fue instruir al pleno de la Junta de Conciliación —que está conformada por los seis presidentes de juntas, más los representantes del sector obrero y patronal— a que se emitiera un solo formato de citatorio a los demandados, para que tengan certeza de que las notificaciones son reales, además de que ya se está al día en la publicación de los estrados electrónicos.

“La primera notificación a juicio es toral para que ya no se vayan en rebeldía, que todos demandados sepan y conozcan en qué junta está registrada su demanda laboral para que puedan acudir a atenderla", dijo la funcionaria.

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“Estamos haciendo un programa de capacitación para actuarios, y los actuarios que no lleven a cabo los procedimientos adecuados, inmediatamente se actuará contra ellos”, aseguró.

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