La violencia contra las mujeres prende alarmas en Puebla
Aunque las autoridades estatales han endurecido las penas contra quienes agreden a las mujeres y han implementado programas para prevenir el problema, la violencia de género no da tregua en Puebla. Por el contrario, muestra señales de ir en aumento.
Únicamente entre enero y septiembre, la Fiscalía General del Estado registró 65 feminicidios en la entidad, una cifra que no sólo supera los 59 casos registrados a lo largo de todo 2016, sino que es la más alta en los últimos cinco años.
Más aún, organizaciones civiles estiman que el número real de crímenes de este tipo es dos o tres veces mayor que la estadística oficial.
La situación ha cobrado notoriedad y atraído la atención pública a raíz de los recientes asesinatos de dos estudiantes universitarias, Mara Castilla y Mariana Fuentes, en hechos en los cuales —además— estuvieron implicados conductores de las empresas de transporte privado Cabify y Uber.
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En este contexto, activistas han retomado su llamado a que se active en territorio poblano el mecanismo de la alerta de género, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha declarado a favor de esta medida y el gobierno de Antonio Gali ha anunciado medidas e iniciativas de ley para enfrentar el problema.
La semana pasada, la administración estatal presentó la estrategia De una vez por todas, que incluye políticas públicas y propuestas de reforma en diversas áreas.
Una de dichas iniciativas plantea tipificar como delito conductas como hacer gestos obscenos, captar imágenes o videos de una mujer sin su consentimiento, realizar actos exhibicionistas o entablar contacto corporal de carácter sexual.
Otra busca modificar la legislación local en materia de transporte, para que empresas que presten servicios como los de Cabify y Uber deban asumir responsabilidad penal, civil o administrativa si sus operadores cometen delitos, así como para que las autoridades tengan acceso a sus plataformas para monitorear a los conductores en tiempo real.
Sin embargo, estas y otras iniciativas todavía están bajo discusión en el Congreso poblano, por lo que sus efectos no serán inmediatos.
Poblanas bajo alerta
No es la primera vez que ciudadanos exigen activar la alerta de género en Puebla.
A principios de 2016, organizaciones civiles como Todos Para Todos hicieron una petición formal en ese sentido, que en junio de ese año llevó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a emitir 11 recomendaciones al gobierno.
Las autoridades reconocieron el problema entonces y promovieron diversas acciones. Una de ellas fue reformar el Código Penal para elevar a 60 años de prisión el castigo contra un feminicida, y a 70 años en caso de que la víctima estuviera embarazada.
En total, entre la administración de Rafael Moreno Valle (2011-2017) y lo que va de la de Antonio Gali, Puebla ha realizado al menos 15 reformas penales y civiles para prevenir la violencia contra las mujeres. No obstante, las propias estadísticas oficiales muestran que esto no ha sido suficiente para frenar la incidencia de estos crímenes.
La CNDH intervino en el tema el pasado 23 de octubre, al informar que solicitó la declaratoria de alerta de género en la entidad.
“Un solo feminicidio es alarmante, pero, como lo han registrado los medios, la frecuencia y número de muertes violentas de las mujeres poblanas son motivo para llevar a cabo acciones de emergencia”, señaló el organismo autónomo a través de un comunicado .
La alerta de género es un mecanismo contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Corresponde declararla al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y, cuando se activa, las autoridades deben destinar recursos para atender la contingencia, formar grupos interinstitucionales, actuar de manera emergente en materia de seguridad y justicia, y resarcir el daño a los afectados.
Según la Segob, desde mediados de 2015 se han declarado 12 alertas de género en igual número de entidades del país. En contraste, siete solicitudes han sido rechazadas, de las cuales una de ellas justamente correspondió a Puebla.
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El factor de la impunidad
En este contexto, los activistas no sólo demandan que se active la alerta, sino que las autoridades poblanas actúen con eficacia para evitar que los crímenes queden impunes.
La Fiscalía General del Estado tiene registro de 181 feminicidios desde 2013, cuando este delito quedó tipificado en las normas locales. Sin embargo, únicamente 82 de esos casos han llegado a proceso penal en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
De ese total, hasta ahora sólo se contabilizan 12 sentencias condenatorias y tres hombres han quedado en libertad por falta de pruebas, en tanto que los 67 presuntos feminicidas restantes se encuentran en la etapa de confrontarse con el Ministerio Público para tratar de probar su inocencia.
El lunes pasado, el gobernador Antonio Gali aseguró ser consciente de la realidad, y sostuvo que su administración trabajará “permanentemente” con o sin alerta de género.
“El sol no se tapa con un dedo. Reconoces el problema y las voces de alarma que se han multiplicado. Estamos conscientes de que es un problema que se vive en la entidad (…) Mi gobierno asume con responsabilidad el papel que le corresponde”, dijo.
