El gobierno mexicano se defiende en la CoIDH por el caso Atenco
El gobierno mexicano se defendió este viernes de las acusaciones en su contra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por las agresiones sexuales y violación de los derechos humanos de 11 mujeres en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.
Miguel Ruiz Cabañas, representante del gobierno mexicano ante el organismo, afirmó que desde marzo de 2013, el estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por los violaciones a derechos humanos cometidas contra estas mujeres.
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“Desde esa fecha, se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes, así como para adoptar medidas de reparación, incluyendo aquellas necesarias para evitar la repetición de hechos similares”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
Ruiz Cabañas señaló que 52 personas han sido consignadas ante las autoridades judiciales por este caso, incluidos agentes de seguridad pública del Estado de México, médicos legistas y médicos de la Dirección general de Prevención y Readaptación Social.
Son juzgados por los delitos de tortura y encubrimiento de tortura, de acuerdo con la cancillería.
También indicó que las víctimas y familiares tienen acceso a un fondo especial de atención creado específicamente para este caso, mismo que comprende medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y compensación económica.
La CoIDH es la última etapa de un largo proceso jurídico. El organismo interamericano está facultado para emitir sentencias vinculatorias para el Estado mexicano.
De las 31 mujeres agredidas, sólo 11 decidieron llegar a la comparecencia del jueves y viernes en San José, Costa Rica. Ellas son: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
Dentro de México, el caso Atenco llegó hasta la SCJN, que en 2009 resolvió por mayoría que, si bien hubo violaciones a los derechos humanos, éstas no eran atribuibles a altos funcionarios como Peña Nieto y Medina Mora.
A nivel internacional, los testimonios de las víctimas sirvieron para que el asunto llegara hasta la CIDH y, en octubre de 2015, para que ésta resolviera a favor de las denunciantes . Ese año, el organismo recomendó al Estado mexicano investigar de manera efectiva los hechos e identificar y sancionar a los responsables, además de implementar medidas para evitar que se repitan otras situaciones similares.
"La resolución del caso en la Corte es una oportunidad invaluable para que se atiendan las fallas estructurales del sistema de justicia en México, evidenciadas hace 11 años en los hechos de Atenco", señaló recientemente el Centro Prodh.
