Héctor Díaz-Santana es el nuevo titular de la Fepade
El pleno del Senado eligió a Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), en sustitución de Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido.
De 103 votos la elección se hizo con 93 a favor y siete abstenciones, en el marco de la sesión ordinaria que inició el jueves pasado y que se prolongó hasta la mañana de este viernes.
El nuevo titular de la fiscalía de inmediato rindió protesta ante el pleno.
Díaz-Santana Castaños fue coordinador de asesores durante la gestión de María de los Ángeles Fromow al frente de la Fepade, y quedó entre los finalistas del proceso que se desarrolló hace unos tres años en el que fue electo Santiago Nieto Castillo como fiscal.
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Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un posgrado en Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y otro en Técnicas de investigación Social por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Argentina.
En su labor académica ha desarrollado proyectos y asesorías para instituciones públicas y privadas. En México, para el entonces Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fepade, el Conacyt y la Presidencia de la República, y a nivel internacional para la Organización de los Estados Americanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.
Colaboró como consultor externo en diversos procesos de reforma electoral en varios estados del país y en el extranjero, entre ellos Chile y República Dominicana.
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En su comparecencia previa ante la Comisión de Justicia, Díaz-Santana Castaños expuso que las nuevas expectativas de la Fepade son ajustarse al nuevo marco legal, hacer eficiente la procuración de justicia, trabajar en la prevención del delito y fortalecer las acciones de blindaje electoral.
Dijo que recibir dinero de la delincuencia organizada debería considerarse como un delito grave, ya que fractura las condiciones de la competencia política y la democracia representativa del país.
Recalcó que con autonomía de normatividad y de ejercicio la Fepade podría responder a la demanda social e impedir que sus resoluciones estén sesgadas por una dependencia o por alguna autoridad.
