Los cambios a la Ley de Seguridad Interior no convencen a sus críticos

Los ajustes realizados por senadores y ratificados por diputados resultaron insuficientes para tranquilizar a quienes consideran que la nueva ley militariza las tareas contra la violencia.
Preocupación por derechos humanos lleva a rechazo de Ley de Seguridad Interior
CIUDAD DE MÉXICO (Liliana Corona) -

Los cambios a la Ley de Seguridad Interior resultaron insuficientes para tranquilizar las críticas y preocupaciones en torno a este nuevo ordenamiento, que regula la participación del Ejército y la Marina en labores de contención de la violencia y lucha contra el crimen organizado.

El Senado realizó el jueves modificaciones a la minuta y la envió de nuevo a la Cámara de Diputados donde fueron avalados. Legisladores de Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, PT e independientes votaron en contra de la legislación, pero fue aprobada con los votos del PRI y los partidos aliados al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La aprobación se dio a pesar de que entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos nacionales y distintos especialistas llamaron a frenar la ley por considerar inadecuado su enfoque; incluso Peña Nieto se había pronunciado por abrir un debate más amplio antes de aprobarla.

Activistas, organizaciones civiles y expertos reforzaron los señalamientos de que el nuevo ordenamiento militariza las tareas para enfrentar la crisis de violencia que vive el país, y convocaron a más movilizaciones para presionar a que se le dé marcha atrás. En tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya advirtió que analizará presentar una acción de inconstitucionalidad, con la intención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eche abajo la Ley.

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Los 5 cambios relevantes

De las nueve modificaciones realizadas, cinco modifican el esquema a través del cual las Fuerzas Armadas auxilian a las autoridades civiles en su responsabilidad de garantizar la seguridad pública, en tanto que las demás son ajustes a la redacción del proyecto.

La legislación —que ya está lista para su promulgación por parte del presidente de la República—, establece que dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, las entidades y municipios donde existan operaciones que pudieran ser objeto de una declaratoria, deben presentar un programa de fortalecimiento de modelo policial con plazos, acciones y presupuesto, el cual deberá ser revisado a los 90 días por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Otra cambio fue la eliminación de una condicionante previamente incluida para descartar que las manifestaciones puedan considerarse “amenazas a la Seguridad Interior” y admitir la intervención de soldados o marinos. El texto anterior indicaba que las protestas “que se realicen pacíficamente” no serían clasificadas como “amenazas”, ante lo cual activistas reprocharon que era un término vago y que podría propiciar represión; los senadores eliminaron esas palabras.

Otro, fue la obligación de que el Ejecutivo federal debe reportar a los gobiernos estatales cuando determine intervenir en su territorio. La Ley faculta al presidente de la República a ordenar a los militares y/o a la Policía Federal acciones inmediatas “en aquellos casos en que las amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales; con el cambio, la notificación se realizará posteriormente a dicha intervención.

Se incorporó la aclaración de que los grupos conformados para atender las amenazas de Seguridad Interior —integradas por distintas autoridades y coordinados por las Fuerzas Armadas— “estarán sujetos a las disposiciones del Ejército y la Marina”, para evitar que sea tachada como inconstitucional por facultarlos con funciones civiles.

El último cambio relevante fue enfatizar que cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el presidente designará a una autoridad civil para atender la situación.

“Buena parte de los cambios recogen las observaciones y objeciones que se plantearon sobre contenidos específicos”, dijo este jueves a Noticias MVS el senador del PAN, Roberto Gil.

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El rechazo persiste

El colectivo #SeguridadSinGuerra calificó como “correcciones superficiales” dichos cambios, y pidió al presidente Peña Nieto ejercer su facultad de veto para suspender la entrada en vigor de la Ley. No obstante, la administración federal refrendó “su pleno y firme apoyo” a la nueva Ley, a través de un comunicado emitido este juves por las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR).

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De parte de los aspirantes presidenciales, el abanderado del PRI, José Antonio Meade y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez El Bronco han manifestado su respaldo a la Ley, en tanto que el panista Ricardo Anaya se pronunció en contra.

El documento Proyecto de Nación del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, plantea la necesidad de contar con una Ley de Seguridad Interior, aunque el aspirante resaltó este viernes que lo importante para evitar la represión es que el presidente de la República se mantenga como comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y confió en que los militares desobedecerán cualquier orden en sentido contrario.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, propuesta por López Obrador como secretaria de Gobernación en su hipotético gabinete, dijo este viernes que la legislación “tiene visos de inconstitucionalidad”, pero afirmó que se debe revisar el proyecto final y que la última palabra la tendrá el máximo tribunal.

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