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El Congreso llega al cierre de trabajos con pendientes polémicos

Antes del 15 de diciembre, senadores y diputados tienen en agenda discutir los nombramientos del fiscal electoral y del auditor superior, así como la cuestionada Ley de Seguridad Interior.
Desacuerdos
Desacuerdos De los temas que se prevé sean discutidos esta semana, la mayoría genera división entre los grupos parlamentarios. (Foto: Isaac Esquivel Monroy)

Las cámaras del Congreso tienen esta semana sus últimas sesiones ordinarias de 2017, en las que tienen en agenda discutir y tratar de llegar a acuerdos sobre temas que han polarizado a los legisladores en los meses recientes.

Dentro de la lista están los nombramientos de los nuevos titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como la Ley de Seguridad Interior —cuestionada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos— y la eliminación del llamado ‘pase automático’ de quien sea procurador a la cabeza de la futura Fiscalía General de la República (FGR).

Estos asuntos han derivado en confrontaciones entre las bancadas del PRI y del PVEM y las de las fuerzas de oposición, al igual que en exigencias de la sociedad civil para que tanto el Senado como la Cámara de Diputados realicen debates transparentes y profundos y fundamenten las decisiones que tomen.

De cara al cierre del periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre, detallamos los temas pendientes.

En el Senado

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El relevo en la Fepade

Uno de los asuntos prioritarios en la agenda de la Cámara alta es elegir a quien ocupará el lugar de Santiago Nieto en la Fepade. La institución quedó acéfala en octubre pasado, cuando el subprocurador Alberto Elías Beltrán destituyó a Nieto por supuestamente violar el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República (PGR).

La remoción del fiscal electoral causó controversia, pues Nieto negó haber violado alguna normatividad y la oposición acusó al gobierno federal de actuar en represalia por las investigaciones que llevaba el entonces funcionario, en particular, aquellas relativas al posible vínculo entre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht acepta haber dado en México y la campaña del presidente Enrique Peña Nieto en 2012.

Lee: El caso Fepade-Odebrecht 'mete ruido' al proceso hacia las elecciones de 2018

Aunque los senadores decidieron cerrar el caso, no refutar la destitución y abrir el proceso para encontrar un sustituto, también en este camino han sostenido confrontaciones. Durante la votación de la convocatoria para el relevo, el bloque PT-Morena, el PRD y la mayor parte del PAN exigieron incluir un candado para impedir que aspirantes con antecedentes partidistas pudieran inscribirse. Sin embargo, el PRI, el PVEM y algunos panistas lograron impedir que pasara esa restricción.

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Lee: Ellos son los senadores que abrieron la Fepade a militantes del partidos

En total, 21 personas se inscribieron para competir por el cargo , de las cuales ocho fueron calificadas de idóneas por un comité académico: Laura Borbolla, Héctor Díaz Santana, Pedro Miguel Ángel Garita, Blanca Ivonne Olvera, Alejandro Porte Petit González, Eugenio Reyes Contreras, Enrique Alejandro Santoyo y Ricardo Suro Gutiérrez.

No obstante, la lista no tiene un carácter vinculante, por lo que la Comisión de Justicia del Senado puede decidir si la toma en cuenta o no para el dictamen que elaborará y enviará al pleno, para que ahí los senadores voten por quien se encargará de investigar los delitos electorales que se cometan en el contexto de las elecciones de 2018.

La Ley de Seguridad Interior

Otro tema ‘caliente’ en el Senado es la Ley de Seguridad Interior, que ya fue avalada por la Cámara de Diputados y que busca regular la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia.

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A lo largo del año, el documento ha generado una fuerte controversia. Por un lado, el gobierno de Peña Nieto y el bloque PRI-PVEM aseguran que daría certeza legal a la actuación de los militares desplegados en las calles. Por otro, políticos de oposición, organizaciones civiles, académicos y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales advierten que implicaría que los soldados y marinos sigan en labores para las que no fueron entrenados, lo que a su vez fomentaría abusos contra los ciudadanos.

Lee: La ruta para entender la (polémica) Ley de Seguridad Interior

Pese a las preocupaciones en torno a la norma, legisladores del PRI han asegurado que el asunto se discutirá en estos días y se han mostrado confiados en que saldrá adelante.

“A quien se va a cuidar con esta ley es a la sociedad. No es cierto que se va a militarizar la Ciudad de México o toda la República, y que van a ir a violentar las manifestaciones que haya, no hay nada más mentiroso que eso. Con esa defensa que quieren hacer algunos grupos que yo respeto —el pluralismo y la democracia existen en el país—, los vamos a oír, pero el grupo parlamentario del PRI y los 128 senadores que configuramos el Senado tomaremos la decisión la próxima semana”, dijo el miércoles el líder del PRI en la Cámara alta, Emilio Gamboa.

Sin embargo, el propio presidente Peña Nieto señaló el viernes pasado que el tema amerita ser analizado con detenimiento y llamó a los senadores a escuchar a las voces en contra.

“Sé que existen, como aquí lo hemos escuchado, distintos puntos de vista respecto de esta ley (...) Desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República para que amplíe precisamente los espacios de diálogo, de acercamiento, con las distintas organizaciones de la sociedad civil, para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada”, dijo el mandatario en Los Pinos, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 al activista Miguel Álvarez Gándara.

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El ‘pase automático’

El tercer asunto polémico en el Senado es la eliminación del ‘pase automático’ del procurador general a la Fiscalía General de la República.

Dicho cambio ha sido una demanda constante de organizaciones y especialistas —en particular aquellos agrupados en el colectivo #FiscalíaQueSirva—, ante el temor de que una persona cercana al gobierno federal pueda convertirse en el primer fiscal general del país. Las agrupaciones y los expertos argumentan que esta posibilidad debe evitarse porque la FGR debe ser una institución totalmente autónoma.

La eliminación del ‘pase automático’ ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora corresponde a los senadores definir si la ratifican o no.

En Diputados

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El nuevo auditor

En San Lázaro, el principal asunto polémico en la agenda de los últimos días del periodo es el relevo en la ASF.

La elección del nuevo auditor debe concretarse debido a que el actual titular de la institución, Juan Manuel Portal, concluye su periodo el 31 de diciembre y decidió no volver a contender por el cargo.

A finales de noviembre, 41 personas se inscribieron para participar en el proceso de selección y fueron entrevistadas por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF. Luego de las audiencias, el órgano determinó que la terna de finalistas que será votada en el pleno quede conformada por Salim Arturo Orcí, Ángel Trinidad Zaldívar y David Rogelio Colmenares.

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Lee: Dos abogados y un economista: la terna para vigilar los recursos en la ASF

Para ser elegido, cualquiera de ellos necesita el voto de dos terceras partes de los diputados. Si ninguno lo consigue, se pondrá a votación otra terna en la que no podrán participar los aspirantes rechazados la primera ocasión.

El titular de la ASF es el responsable del principal órgano fiscalizador del país y ocupa uno de los siete asientos en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Desde esa posición, debe contribuir al combate a las prácticas deshonestas.

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