La ASF detecta desvío de 1,311 mdp en Sedesol y Sedatu
La Auditoria Superior de la Federación detectó supuestos desvíos por 1,311 millones de pesos (mdp) de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles, reportó este martes el periódico Reforma.
Parte de los supuestos recursos desviados a través de empresas fantasmas fue transferido a Monex y a Ci Banco, de donde se dispersó a cuentas de otros países, de acuerdo con tres auditorías forenses a los recursos ejercidos en 2014 y 2015 citadas por el diario.
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Los desvíos hechos en la Sedesol se realizaron mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, con la cual firmó convenio y contratos en septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En el caso de Sedatu, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.
La Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con estas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, indica la ASF.
Rosario Robles encabezó la Sedesol de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015, fecha en la que tomó la titularidad de la Sedatu.
Niega Robles señalamientos
Rosario Robles aseguró esta mañana en su cuenta de Twitter que lo publicado por el periódico es falso, ya que la ASF no ha hecho un solo señalamiento en su contra.
Robles propuso a Reforma una cita en la Procuraduría General de la República (PGR) el miércoles a mediodía, para que los directivos del diario muestren los documentos que acrediten su relación con las empresas mencionadas en la nota.
Este martes, la ASF presentará su tercer informe sobre la revisión que se hizo a la Cuenta Pública de 2016.
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Los informes surgen de las 1,780 auditorías que se programaron desde enero de 2017, cuyos resultados se planearon para darse a conocer en tres etapas: la primera en junio, la segunda en octubre y la tercera este mes. Después de las primeras dos fases, la ASF concluyó que había irregularidades que dejaban un monto acumulado de 50,568 mdp pendientes de aclarar.
