La corrupción policial en México, ¿es por culpa de los bajos salarios?

La pasada semana, cuatro policías del estado de Jalisco fueron detenidos por su presunta relación con la desaparición de tres italianos en la zona. Un familiar de los desaparecidos aseguró en la radio italiana RAI1 que los agentes habían vendido a sus allegados por 53 dólares, aunque no especificó a quién.

Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de México de 2017 concluyó que el 65.7% de los mexicanos consideraba que los cuerpos policiales estaban controlados por el crimen organizado.

El 83.1% de los 1,326 participantes respondió que en México hay mucha delincuencia y el 66.5% consideró que es poco o nada probable acabar con la corrupción en su país.

Según la organización mexicana Causa en Común, la corrupción “es una de las principales causas de desconfianza ciudadana en sus instituciones” y se da, entre otros motivos, por “avaricia” y “motivaciones personales como el ego o el deseo por el poder”, escriben en su página web.

Datos del Gobierno de México muestran que un policía cobra en promedio 554 dólares al mes, aunque el monto va creciendo conforme se asciende en el cuerpo, hasta llegar a los 2,658 dólares mensuales en el cargo de comisario.

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La cifra es similar a la de sus compañeros de Colombia (donde el sueldo inicial ronda los 505 dólares mensuales), o Chile (donde comienzan con 508 dólares / mes como sueldo base), pero es notablemente inferior a los 3,541 dólares con los que empieza un policía en Nueva York, por ejemplo.

¿Mejores condiciones económicas acabarían con la corrupción?

En una publicación de 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carlos Santiso, jefe de la división de Capacidad Institucional del Estado del BID, y Nathalie Alvarado, de la unidad de Seguridad Ciudadana y Justicia de esta entidad, argumentaban que una de las prioridades de América Latina era reformar la Policía.

Ambos expertos ponían el ejemplo de Ecuador: “Se ha duplicado el presupuesto para la seguridad”, decían, “y se aumentaron los sueldos de los agentes para contar con la policía nacional mejor pagada de la región”.

¿El resultado? “Estas reformas contribuyeron para obtener resultados importantes; el índice de homicidios cayó un 64% en tres años y (la tasa) llegó aproximadamente al 8 (homicidios por cada 100,000 habitantes) en 2014”, escribieron.

Sin embargo, un análisis de InSight Crime de 2011 argumentaba que subir los sueldos, por sí solo, no eliminaría la corrupción en México.

“Ese enfoque es solo una parte de las reformas necesarias para que la aplicación de la ley en el país sea más honesta”, decía el texto.

Esa es la misma opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadanos de México, quien puso especial énfasis en las condiciones laborales de los agentes de seguridad.

null“Indudablemente, las condiciones laborales, no solo salariales, son un caldo de cultivo negativo en términos de incentivos que puede tener una persona para corromperse”, dijo.

Este experto no negó el poder del dinero para corromper a policías en el país, pero puso especial énfasis en otras cuestiones.

“Las prestaciones laborales son inadecuadas”, dijo, asegurando que muchos agentes “no tienen seguros de gastos médicos” o que sus seguros de vida “son sumamente ridículos”.

“Hay algunos casos en los cuales la debilidad institucional pone a los policías, que no es que quieran corromperse por una cuestión económica, sino que no les queda otra”, aseguró.

“Tienen que enfrentar el embate de una criminalidad organizada mucho mejor equipada y que utiliza medios coercitivos muy agresivos en un contexto en el que no hay quien proteja a la misma autoridad”, expresó Rivas.

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Por todo ello, las medidas pedidas por el observatorio pasan, especialmente, por mejorar esas condiciones laborales y que crezca el tamaño de las instituciones de seguridad y justicia.

“Los números que tienen las policías, sobre todo las locales, a veces son sumamente deficientes respecto al tamaño poblacional o los retos que se viven en esos municipios”, alertó Rivas.

Todo esto pasa por una mejor repartición del gasto público, de acuerdo a Rivas: “Se gastan miles de millones de pesos y eso no ha garantizado ni mejores condiciones laborales para los policías ni mejores resultados en materia de seguridad para los ciudadanos. Hay que cambiar la ecuación de manera tal que el gasto impacte donde tiene que impactar”, defendió.

Rivas añade que el siguiente paso sería realizar supervisiones externas e investigaciones internas para identificar a posibles funcionarios públicos corruptos y “tomar las acciones correspondientes”.

También “implementar políticas que busquen respuestas no violentas a un problema de alta incidencia delictiva y violencia en el país. Eso quiere decir debilitar la estructura financiera de los delincuentes, que finalmente es la que permite generar corrupción”, concluye.

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