México requiere balance entre continuidad y cambio, dice la cúpula empresarial
CIUDAD DE MÉXICO - Una vez que inició el proceso de transición en México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) considera que una democracia madura necesita un cambio de administración transparente, ordenado y claro.
“El gobierno entrante debe contar con la información necesaria para dar continuidad a los servicios públicos, realizar la planeación de sus programas, así como aprender de las experiencias adquiridas por el gobierno saliente, y entender también los retos y desafíos que enfrenta la administración pública”, considera el organismo empresarial a través de un comunicado.
Para el sector privado es fundamental que este proceso privilegie el desarrollo institucional, con especial énfasis en la transparencia y rendición de cuentas. “El estado que guarda la administración debe ser completamente revelado a los funcionarios entrantes”. Asimismo, destaca el comunicado, “el cambio de funcionarios no debe poner en riesgo la continuidad de los servicios públicos ni debe perder la memoria institucional que se ha construido con años de esfuerzo y recursos públicos”.
“México no se puede reinventar cada seis años", subraya el CCE al tiempo de apuntar que “ya hay mucho trabajo realizado, no solo por los gobiernos anteriores sino también por la sociedad civil y la ciudadanía en general”.
Asimismo, el sector privado dijo confiar en que “los cambios estarán apoyados en el conocimiento que se ha generado en las distintas unidades administrativas del sector público, y que las transformaciones responderán a un diagnóstico serio, profundo y promoverán soluciones responsables”.
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Para el sector privado “se requiere un balance entre continuidad y cambio. No se deben tomar decisiones por consigna, sino por un análisis riguroso”.
Se trata, apunta el documento, de un “periodo en que la nueva administración puede reflexionar sobre la viabilidad técnica de las propuestas realizadas en campaña; para revalorar los programas que hoy existen a partir del resultado de su evaluación técnica, a fin de decidir cuáles van a eliminarse porque no están dando los resultados adecuados y, aquéllos que —aunque sean perfectibles— deben de continuar porque tienen un impacto deseado”.
Los empresarios mostraron interés en que las reformas estructurales aprobadas en los últimos años se analicen "con un enfoque de política pública, rentabilidad social, crecimiento económico, oportunidades para las personas y no solo en un lente ideológico”.
Para el CCE “es importante que se reconozca que la apertura del sector energético se ha convertido en el mayor imán de inversión en el país. La competencia en el sector de telecomunicaciones ha incrementado la cobertura y ha disminuido el costo mejorando la calidad de los servicios”.
Sin embargo, “como éstas, todas las reformas deben de analizarse a detalle antes de decidir si deben eliminarse o no, o si son perfectibles, mejorables para fortalecerlas”, reconoce el sector privado.
El CCE hizo hincapié en que, así como “no hay duda de que la sociedad mexicana votó por un cambio en julio pasado”, las autoridades electas tienen el compromiso y la responsabilidad de “responder con eficiencia, efectividad y vocación de servicio a todos los mexicanos: tanto a los que votaron por la opción triunfadora como los que eligieron otra alternativa, es un solo México, somos una sola nación”.
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El sector privado anunció que, se sumará “a este proceso a través de 12 mesas temáticas de trabajo, las cuales contarán con líderes del sector privado y especialistas, y los virtuales titulares de las diferentes secretarías de Estado”.
Con dichas mesas, precisó el sector empresarial, “tendremos la oportunidad de retroalimentar la agenda del gobierno a través del diálogo, el análisis y el compromiso (…) analizaremos y discutiremos temas cruciales para el futuro de México, como lo son economía, empleo, inversión, educación, energía, seguridad, estado de derecho, entre otros.
Por último, el CCE apuntó que “la democracia no sólo se construye en las urnas, lo que sigue es el ejercicio cotidiano del gobierno y la inclusión, la discusión y los compromisos para el desarrollo de México. La trasmisión pacífica y responsable del poder, de los servidores públicos en funciones al equipo del Presidente electo, es una prueba más del desarrollo político de nuestra democracia”.
