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Organizaciones piden a Corte amparar a comunidad Bacanuchi sobre presa en Sonora

El próximo miércoles 22 de agosto se resolverá sobre el amparo que tiene como finalidad evitar que a la comunidad le afecte la construcción de una presa de jales en la cuenca del Río Sonora.
Río Sonora Grupo México presa derecho de participación
Derecho. Hace dos años se impulsó un juicio de amparo para que se respete el derecho y pudieran pronunciarse sobre la nueva presa de jales.

CIUDAD DE MÉXICO - Organizaciones sociales nacionales e internacionales entregaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el documento Amicus Curie, con el fin de pedir el apoyo para que se otorgue el amparo que han interpuesto integrantes de la comunidad Bacanuchi, Sonora, para exigir se respete su derecho humano a participar.

En conferencia de prensa, después de realizar un mitin frente a la sede del máximo tribunal de la nación, expusieron que el próximo miércoles 22 de agosto, la segunda sala resolverá sobre el amparo en revisión 365/2010, que tiene como finalidad evitar que les afecte la construcción de una presa de jales en la cuenca del Río Sonora, localizado en el noroeste del país.

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El abogado de Proyecto sobre Organización, Desarrollo Educación e Investigación, una de las organizaciones que apoya a esta comunidad sonorense, Luis Miguel Cano, explicó que la segunda sala determinará si se reconoce plenamente la existencia del derecho a participar en asuntos de interés público de tipo medioambiental.

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El representante legal de los Comités de Cuenca de Río Sonora indicó que desde hace dos años se impulsó un juicio de amparo para que se respete el derecho y pudieran pronunciarse sobre la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre.

Subrayó que los habitantes de la zona nunca se enteraron ni fueron informados sobre la decisión de realizar esta presa, después de que hace cuatro años sufrieron los estragos del derrame de 40 millones de ácido sulfúrico que les provocó graves daños a la salud, a la agricultura y ganadería.

Luis Miguel Cano afirmó que de resolverse a favor de estas comunidades afectadas por la construcción de la nueva presa, “la SCJN tiene la oportunidad de reconocer y garantizar la existencia y efectividad del derecho de participación en asuntos medioambientales, con lo que sentaría un precedente extraordinario en México”.

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A este mitin se sumó el Frente de Pueblos y Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), y su dirigente Ignacio del Valle apuntó que para ellos es muy importante defender la verdad y su derecho a ser escuchados, como es la problemática que expresan esas comunidades.

A través del Amicus Curie, las organizaciones civiles expertas en defensa del territorio y el medio ambiente (como Oxfam México, Greenpace, Fundar, Business and Human Rights Resource Centre, entre otras) instan a la Corte a que dé un paso a favor del derecho de participación, lo que fortalecería los derechos al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente.

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