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Ni perdón ni olvido, a Duarte le esperan procesos en Veracruz, afirma Yunes

Más que castigo, la lectura popular es que se perdonó a un delincuente, dice el gobernador; pide se acelere la extradición de Karime Macías y órdenes de captura contra el resto de la "banda".
jue 27 septiembre 2018 02:58 PM

CIUDAD DE MÉXICO- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó este jueves que nadie puede estar satisfecho con el castigo que recibió su antecesor Javier Duarte de Ochoa, y que en la entidad le esperan más años de prisión.

Duarte de Ochoa fue condenado a purgar una condena de 9 años de cárcel y a pagar una multa de 58,000 pesos tras declararse culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. La pena en prisión podría reducirse a tres años.

En conferencia de prensa, Yunes Linares presentó la postura oficial del gobierno veracruzano ante la sentencia contra Duarte de Ochoa.

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“La sentencia dictada en contra de Javier Duarte indigna y lastima la conciencia del pueblo de Veracruz. Más que castigo, la lectura popular es que se ha perdonado a un delincuente que causó un grave daño a los veracruzanos”, sostuvo el gobernador.

Tras declarar que su gobierno no está de acuerdo con la sentencia, exigió que los 41 bienes inmuebles asegurados por un valor de casi 800 millones de pesos (mdp) sean reintegrados a la administración estatal.

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Indicó que este jueves enviará la solicitud correspondiente al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

Además, Yunes Linares demandó la obtención de órdenes de aprehensión “en contra de los demás integrantes de la banda”, recordando que Javier Duarte fue condenado por el delito de asociación delictuosa: “Es un delito que cometió con la complicidad de varios más”.

También conminó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que acelere el proceso de extradición contra Karime Macías para que sea presentada ante la justicia en Veracruz.

La esposa de Duarte es acusada de un presunto desvío de al menos 112 millones de pesos del DIF veracruzano.

El gobernador recordó que existe una orden de aprensión por fraude, así como una ficha roja en la Interpol.

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Pidió también a la SRE a que acelere el proceso iniciado ante el gobierno de Guatemala, con base en la excepción a la regla de especialidad, para que se pueda proceder contra Duarte por el delito de desaparición forzada.

El gobernador confió en que la respuesta del gobierno guatemalteco esté lista en las próximas semanas.

Yunes dijo que no compartía la especulación de que hubo un supuesto pacto entre Los Pinos y Duarte, quien dijo ayer que por institucionalidad y lealtad aceptaba su culpabilidad.

En lo que respecta al fuero local, Yunes afirmó que Duarte tiene dos órdenes de aprehensión ejecutadas y está vinculado a proceso por peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.

Agregó que por el delito de desaparición forzada están presos el exfiscal Luis Ángel Bravo, el extitular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y 51 personas más.

“No habrá perdón ni olvido para quienes llevaron a Veracruz a la crisis más grave de su historia”, aseguró el gobernador saliente.

Sobre la reparación del daño, precisó que además de los bienes valuados en 800 mdp, se han recuperado otros 760 mdp, mientras que en bienes inmuebles registrados a nombre del estado se han recuperado entre 4 y 500 mdp, más un avión y obras de arte.

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Estimó que en total se han asegurado 2,300 mdp: “No es la cifra a la que aspiramos, falta mucho más".

Agregó que hay más inmuebles por recuperar en México y en el extranjero.

Adelantó que la próxima semana estará fuera del país tratando de recuperar un bien muy valioso.

Al preguntarle sobre Tarek Abdalá, testigo colaborador, Yunes declaró que tiene proceso a nivel estatal porque una cosa es el fuero federal y otra el común.

Más temprano, en entrevista para el noticiero La Red con Sergio y Lupita, Yunes sostuvo que en Veracruz las acusaciones están bien sustentadas, por lo que que estaría en prisión otros años más.

Además declaró que hay una orden de aprehensión por desaparición forzada - la cual no se puede ejecutar hasta que no lo autorice el gobierno de Guatemala porque en la extradición no venía considerada- y las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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