Evasión en outsourcing pega a empleados
La defraudación fiscal de empresas de outsourcing perjudica la productividad de las compañías que contratan sus servicios y dañan el bolsillo de los mexicanos, coincidieron expertos. Actualmente hay 540 auditorías abiertas a las empresas de subcontratación en el país, con un total de 22 casos penales por defraudación fiscal, según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
A pesar de las ventajas que el outsourcing representa para las empresas, este esquema ha sido aprovechado para impulsar la evasión fiscal a través de asesoría de despachos "especializados" en esta práctica.
Los ejemplos más claros ocurren cuando se da la sustitución de figuras jurídicas a través de la creación de cooperativas, el uso de sindicatos y de diferentes sociedades de responsabilidad limitada constituidas únicamente para transferir pagos en efectivo y declarar ingresos exentos, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
"Estos esquemas abusivos consisten en transferir a los trabajadores de las empresas a las figuras antes citadas, con el propósito de evitar el pago de reparto de utilidades, impuestos federales y locales, así como contribuciones de seguridad social", dice el IMCP.
Estas sociedades registran a los empleados como socios cooperativistas o industriales, de tal manera que reciben remuneraciones bajo el concepto de previsión social, alimentos, bonos u otros similares en lugar de salarios omitiendo la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente.
"Hay un claro rechazo a este tipo de estructuras porque constituyen una burda evasión fiscal y eliminan las prestaciones sociales de los trabajadores (...), simplemente es inaceptable", dijo el vicepresidente de Asuntos Fiscales del IMCP, Carlos Cárdenas.
Esto constituye una práctica fiscal indebida ya que el SAT establece que es un delito asesorar, aconsejar o prestar servicios o participar en la realización o implementación de la sustitución, constitución o contratación de sociedades cooperativas para omitir el pago de una contribución o para obtener un beneficio en perjuicio del fisco.
El impacto de esta práctica ilegal asciende a 10,000 millones de pesos, cifra que no comprende la evasión por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit.
Se estima que en México hay más de 230,000 trabajadores en empresas de outsourcing con sustitución de figura jurídica, y que existen 19 despachos contables y de asesoría que presuntamente atienden a diversas compañías para evadir al fisco, según información de la Procuraduría General de la República (PGR) publicada en su página de Internet.
"Estas prácticas se dan debido a la escasa regulación y penalización para aquellas empresas que no cumplen con sus obligaciones (...), la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) está a favor de las medidas que la autoridad considere para evitar la evasión fiscal", dijo el director general de la asociación, que integra 19 empresas de tercerización, Carlos González.
El directivo precisó que la evasión de responsabilidades tributarias perjudica a las empresas formales de todos los niveles de outsourcing y tercerización de personal e incide negativamente en la productividad de quienes contratan servicios de las compañías que no son formales.
Este impacto ocurre cuando los empleados que trabajan bajo esquemas informales de outsourcing no gozan de las prestaciones mínimas establecidas por la ley y están desprotegidos jurídicamente, por lo que su rendimiento es mínimo, dijo el especialista en Gestión del Capital Humano, Nicolas Bonc. Dos ejemplos
En abril y mayo pasados el SAT, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión social (STyPS) ejecutó acciones contra dos despachos identificados como parte activa de este ilícito.
La primera acción de fiscalización se hizo el 21 de abril en siete ciudades de México contra el despacho Álvarez Puga y Asociados, el cual asesoraba a sus clientes para que incurrieran en evasión fiscal a través del outsourcing.
El segundo caso es el del 19 de mayo contra el despacho Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) que habría asesorado a su clientela, entre la que se encuentran equipos de futbol, para cometer evasión utilizando la figura jurídica de diversas sociedades mercantiles.
Entre sus clientes se encuentran notarías, aerolíneas, cajas de ahorro, hoteles, compañías de telecomunicaciones, farmacias, gobiernos municipales, maquiladoras y empresarios de 28 ramos distintos.
Los actos de revisión se llevaron a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Monterrey y el Distrito Federal.
