Mexicanos pagarán las pensiones de Pemex
La Cámara de Diputados busca que los pasivos de largo plazo de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia de pensiones y jubilaciones se conviertan en parte de la deuda pública del Gobierno federal a partir del presupuesto 2015.
“Que este pasivo laboral de Petróleos Mexicanos, en congruencia con el espíritu de modernización y las nuevas condiciones para la eficiencia y competitividad de las empresas productivas del Estado, deberá ser asumido por el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y así se considere dentro del paquete económico que aprobaremos para el año 2015”, expresó la diputada Irazema González Martínez Olivares, legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y miembro de la Comisión de Energía.
La comisión aprobó este miércoles cambios a las leyes que regirán a Pemex y la CFE además de la Ley de Presupuesto y Deuda Pública, como parte de los paquetes de leyes energéticas que envió la Cámara de Senadores la semana pasada. Las modificaciones aún deben ser aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Pemex busca primer préstamo en pesos
Pemex tiene pasivos por jubilaciones y pensiones de 1.13 billones de pesos (bdp) y la CFE por 507,000 millones de pesos (mdp), según datos al primer trimestre de este año de las paraestatales. En ambos casos estos rubros suponen casi el 50% del total de sus pasivos.
Los pasivos sólo por pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE representan cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, por lo que en términos macroeconómicos, resultaría en un desbalance “horrible” para las finanzas el trasladar estas obligaciones de las paraestatales a la deuda nacional, expresó el presidente de la consultora especializada GMEC, Gonzalo Monroy.
“Es horrible que se piense hacer esto, y como lo platiqué con algunos diputados…puedo decir que el Gobierno federal está en contra de todo esto”, dijo en analista.
El experto consideró que un movimiento tan abrupto como este puede generar riesgos a las finanzas públicas y alzas en la tasa de interés, además de generar presiones al endeudamiento nacional.
Monroy señala que el Gobierno ha presumido de estabilidad financiero en los últimos años, y ha evitado problemas con el endeudamiento que ahora viven naciones como Estados Unidos, Brasil o Argentina, por lo que una acción de este tipo pone en riesgo estos avances.
“Suena muy bonito, pero no tiene pies ni cabeza”, dijo el analista, quien añadió que el traspaso de las deudas de Pemex no implica que mejore en sí su funcionamiento, pero sí garantiza una que se cuiden los intereses particulares de los sindicatos de las paraestatales.
En el modelo actual, las compañías deben realizar los pagos de estas deudas incluidas cada trimestre en el gasto operacional o administrativo. Al no contar con reservas especiales para ello, utilizan recursos del presupuesto federal.
En el caso de Pemex, el reconocimiento de estos pasivos genera que en su balance general tenga un "patrimonio negativo", es decir que los pasivos que reconoce son mayores a sus activos, lo que para una empresa privada significa la bancarrota técnica.
Algunos legisladores consideraron que los cambios realizados a última hora en el Senado para proteger los “derechos” de los trabajadores sindicalizados de ambas paraestatales no eran suficientes.
La Cámara alta modificó el transitorio noveno de Ley de Petróleos Mexicanos para estipular que los cambios constitucionales y legales “no deberán afectar en forma alguna los derechos” de los trabajadores actuales de la petrolera, tampoco los de los jubilados ni los de los pensionados. El dictamen que aprobaron las comisiones la semana antepasada suponía que los derechos de los trabajadores de Pemex y sus subsidiarias “serán respetados conforme a la ley”.
El décimo transitorio de la Ley de la CFE quedó en los mismos términos.
La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados también acordó cambios al Título Quinto Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública donde se estipula, según el proyecto enviado por el Ejecutivo, que el presupuesto de las empresas productivas del Estado se sujetará “sólo al balance financiero al techo de gasto de servicios personales” que proponga Hacienda y apruebe el Congreso.
“Vamos a sacar a Hacienda del control presupuestario de las entidades”, dijo el diputado panista Juan Bueno Torio.
La idea es darle flexibilidad en el ejercicio de su presupuesto, que quedará supeditado tanto a las regulación de la ley de mercados como de los órganos de auditoría interna de la paraestatal, y a la figura del Comisario, una clase de auditor independiente que elegirá el Congreso, añadió el legislador.
