Gobierno reduce obligaciones de Red Compartida
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó un plazo de 7 años para el despliegue de la llamada Red Compartida, que finalizará hasta el 2025 respecto al 2023 que marcaban las prebases del concurso. Esta licitación adjudicará la instalación y operación de la red pública compartida de telecomunicaciones, en el mayor proyecto de este sector en la historia de México.
“El cronograma de despliegue también vio cambios en cuanto a la cobertura inicial demandada. Los plazos para alcanzar la cobertura final ofertada y la proporción de localidades menores (menos de 10,000 habitantes) a cubrir durante cada año del despliegue”, explicó un análisis de la consultora especializada Telconomía, donde identifica cinco modificaciones en las bases finales publicadas el viernes pasado.
La Red Compartida, que puede atraer inversiones cercanas a los 7,000 millones de dólares, servirá para construir infraestructura que permitirá arrendar capacidad de red para que, a su vez, los operadores privados ofrezcan servicios de Internet de banda ancha, como los de tecnología 4G/LTE que ya ofrecen las mayores firmas del país en algunas zonas.
Las obligaciones para cubrir áreas rurales también se vieron disminuidas, al pasar de 0.29 a 0.15 puntos porcentuales por cada punto porcentual que se avance en el despliegue de la red en poblaciones mayores a 10,000 habitantes.
“Ya sin poder subarrendar, creo que la pregunta es cómo se planteará una estrategia para que el desarrollador de la APP (Asociación Público-Privada, el esquema que tiene el proyecto de la Red Compartida) atraiga a clientes de 700 MHz en las primeras etapas. Quizás la solución ahí sería que el despliegue se centre en las urbanizaciones más rentables”, consideró Jesús Romo, analista de Telconomía.
Las bases no permiten el subarrendamiento del espectro, lo que sí preveían las prebases, una opción que permitía al consorcio ganador la posibilidad de ceder partes del espectro del proyecto para que otros operadores pudieran ocuparla mientras se centraba en el despliegue propio en otras zonas.
“Finalmente, el subarrendamiento no estaba libre de tensiones. No decían las prebases, por ejemplo, si era sujeto a cierta temporalidad o cómo se establecería un mecanismo para que el subarrendador —que era cliente objetivo— te comprara capacidad una vez alcanzada la cobertura ofertada”, añade Romo.
La SCT afirmó que en la consulta pública de las prebases todos los interesados mostraron su negativa a este arrendamiento.
Otros cambios se dieron en la reducción de la cantidad de ingresos a compartir con el Gobierno, de 5% a 1%, que en conjunto —con un menor pago de derechos sobre este espectro de 700 MHz frente a otras bandas ya concesionadas, como la de 850 MHz, 1.9 GHz o la 1.7/2.1 GHz—, puede dar mayor certeza de rentabilidad en la etapa inicial, argumentó el analista de Telconomía.
