Un árbitro para la obra pública
La posibilidad de que todas las dependencias y entidades puedan sujetarse al arbitraje para solucionar una controversia fue una de las reformas más importantes hechas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Antes de dichas modificaciones sólo dependencias como CFE y Pemex tenían facultades para hacerlo. Hoy, cualquier controversia derivada de estos contratos estará en condiciones de ser resuelta por el arbitraje, figura que los interesados en las obras públicas no podrán darse el lujo de ignorar o desconocer.
Empecemos por descartar las falsas teorías más usuales: un árbitro no es un juez privado, ni tampoco un conciliador, ni mucho menos el abogado de una de las partes dentro del procedimiento arbitral.
Es una persona física nombrada por las partes o por un tercero. Está encargado de resolver las controversias solo o junto con otros árbitros y tiene que trabajar con absoluta imparcialidad, sin ningún vínculo que vicie su independencia.
Los árbitros regularmente actúan de acuerdo con los reglamentos de instituciones administradoras, como la Cámara de Comercio Internacional (CCI o ICC) y el Centro de Arbitraje de México (CAM), las que establecen el procedimiento para asegurar el manejo adecuado del caso.
Amable lector, no olvide que en el futuro previamente a la firma de un contrato debe estar consciente de qué es un arbitraje y de las reglas que lo rigen, pues sus principios, procedimientos y hasta costos son completamente diferentes a los juicios convencionales. También pueden entenderse como procedimientos menos aguerridos y con más enfoque productivo.
Esperamos que el reconocimiento de esta figura permita y agilice la problemática tan grave que se tiene en lo relativo a la solución de controversias en materia de obra pública.
Un árbitro no es un juez privado, ni tampoco un conciliador, ni el abogado de una de las partes”.
*Abogado, socio director de COMAD, SC.