¿A qué clase de políticos benefician las excesivas reglas electorales?
(CNNMéxico)— De acuerdo a la más reciente encuesta nacional de El Universal, levantada por Buendía y Laredo S. C. entre el 29 de julio y el 3 de agosto, si las elecciones para Presidente fueran el día de hoy, 40% de la población en condiciones de votar se inclinaría por el PRI, 24% favorecería al PAN , mientras que 11% lo haría por el PRD y 21% no lo sabe aún o no contestó. Al incluir nombres de candidatos, las preferencias por Enrique Peña Nieto son de 47%, por Andrés Manuel López Obrador de 15 y por Santiago Creel o Josefina Vázquez Mota de 16 o 17%. Los resultados de Consulta Mitofsky para este período son similares.
¿A qué se pueden deber las diferencias entre preferencias partidistas y aquellas que contrastan candidatos hipotéticos? Dependiendo de sus niveles de conocimiento entre la población y sus atributos personales, las preferencias por un candidato pueden ser mayores o menores que las preferencias por sus respectivos partidos: hoy por hoy, Peña y López Obrador pesan más que la etiqueta de sus propios partidos, mientras que Creel o Vázquez Mota pesan menos.
Las encuestas realizadas antes del período oficial de campaña capturan sobre todo la identidad partidista de los ciudadanos, o bien la popularidad de los aspirantes. Aunque haya un claro puntero, las tendencias a estas alturas del calendario electoral deben tomarse con cuidado. Baste recordar que en las encuestas de octubre de 2005 el PRD era el puntero y el PAN aparecía en tercer lugar de las preferencias: Roberto Madrazo sonreía confiado. Una vez definidos los candidatos oficiales y que da inicio la campaña oficial, las intenciones de voto pueden cambiar fácilmente: en febrero de 2006 el que invitaba a sonreír era López Obrador. Al final ganó Felipe Calderón, el menos popular de los candidatos al arranque del proceso oficial.
Otro elemento a considerar es la influencia de las elecciones previas al 2012. Si bien las encuestas pueden verse afectadas por las elecciones más recientes, sería un error igualar la fuerza del PRI en dichos procesos como un indicador preciso del voto presidencial futuro . El electorado del 2012 no será el mismo que el de las elecciones locales de años previos. Tampoco serán los mismos candidatos ni serán los mismos temas los que estén en la mente de los votantes del 2012. Es por ello que las preferencias presidenciales serán más informativas hasta que sepamos quiénes son los contendientes de cada partido y la situación del país a unos meses de la elección. Esto no quiere decir que el PAN no deba preocuparse: las tendencias generales no le favorecen y menos aún su errático proceso de selección de candidato(a).
¿Y las reglas? Si bien el PRI ya tiene un claro candidato, el marco legal no facilita mucho las cosas para los aspirantes del PAN y PRD. Según el Artículo 211 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) las precampañas “darán inicio en la tercera semana de diciembre del año previo al de la elección”, los precandidatos “no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas”, y “la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato.” La realidad y el COFIPE no se llevan muy bien que digamos.
Aunque a los reguladores electorales no les guste, en toda democracia las campañas son permanentes. Para los actores políticos ambiciosos, quienes de manera racional se preocupan por “su futuro”, cada día es una oportunidad de acumular capital político, desperdiciarlo o bien disminuir el de sus rivales. De hecho, la ambición de los precandidatos es un mecanismo de vigilancia del desempeño tanto del presidente como de los otros aspirantes que hoy sustentan algún cargo de alto relieve. Así las cosas, Marcelo Ebrard y Peña se vigilan mutuamente y entre los dos vigilan tanto a Calderón como a los aspirantes de su gabinete.
La competencia entre políticos ambiciosos es un mecanismo imperfecto que, en buena medida, requiere que unos sean capaces de criticar abiertamente a otros, y que éstos puedan responder de manera expedita. Por desgracia, nuestra regulación electoral prohíbe que los aspirantes o sus partidos se critiquen abiertamente mediante inserciones en radio y televisión. La participación en medios masivos por parte de actores privados u organizaciones de la sociedad civil también está prohibida en aras, según se dice, de proteger al electorado de recibir “información indeseable”.
Las excesivas restricciones sobre el volumen y tipo de información que puede recibir elelectorado durante una campaña benefician a gobernadores populares, quienes son aspirantes naturales a la presidencia en todo momento, y perjudica relativamente a políticos con menos presencia mediática o recursos como los legisladores o secretarios de estado. Bajo estas condiciones es posible que al electorado no le quede más remedio que juzgar a los precandidatos por la cobertura noticiosa que éstos reciban, por los rumores de personas mejor o peor informadas, o de plano por la buena o mala cara de los aspirantes. ¿A quién beneficia la sobrerregulación de las campañas? He aquí una pista: a menudo las reglas electorales protegen a sus autores --los políticos en el poder-- y a veces perjudican a quienes están fuera del poder, lo cual incluye a aspirantes sin partido o los ciudadanos mismos.