OPINIÓN: Federalizar los delitos contra periodistas en México ¿para qué?

Nota del editor: Cynthia Cárdenas es abogada, actualmente es Oficial del programa legal de la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19 , una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja a nivel mundial para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, y que toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión.

(CNNMéxico) — México es considerado como el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo. Las agresiones tienen un objetivo claro: quebrantar el libre flujo de ideas e informaciones. Silenciar. Cada periodista asesinado o silenciado se traduce en la ausencia de información disponible para la sociedad. De ahí su importancia.

ARTICLE 19 reporta que sólo de 2009 a la fecha tuvieron lugar 635 agresiones, y contabiliza 72 casos de asesinatos de comunicadores — el caso más reciente ocurrió este jueves, tras reportarse el asesinato del periodista Víctor Báez , en el estado de Veracruz— además de otros 14 desaparecidos desde el año 2000. Esta situación de violencia sólo se concibe, desde mi punto de vista, por la omisión del Estado mexicano en combatir la impunidad que impera sobre estos casos, señalada desde 2009 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ).

En mi opinión, el gobierno mexicano ha intentado atenuar su responsabilidad esgrimiendo limitaciones en el marco legal que impiden a las autoridades federales investigar delitos del orden local. Es cierto que la mayoría de los delitos cometidos contra periodistas, entre ellos las amenazas, lesiones, homicidio, abuso de autoridad, son competencia local y no federal. Entonces, la misma creación de una Fiscalía Especial a nivel federal para atender estos casos en 2006 resultaba ociosa, toda vez que carecía de competencia para investigar. Los resultados lo confirmaron, en 2009, del total de los casos que la fiscalía reportó haber atendido, ninguno se refería a casos de asesinatos o desapariciones, solo les dio seguimiento. Apenas reporta haber logrado una condena desde su creación.

A ello hay que sumar el hecho de que -de acuerdo con cifras de ARTICLE 19-, 53.63% de las agresiones cometidas entre 2009 y 2011 provienen de agentes estatales, y de ese porcentaje, 67.65% fueron cometidas por funcionarios locales. Entonces, es plausible atribuir la impunidad de la mayoría de estos casos a quien permite o genera las agresiones contra la libertad de expresión y hace inaccesible la justicia a las víctimas. Pero esto no exime de responsabilidad al gobierno de México de cumplir con sus obligaciones de prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra periodistas.

Fue en 2008 cuando iniciaron las discusiones sobre la pertinencia de federalizar los delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo. El consenso fue evidente entre periodistas, académicos, medios, organizaciones de la sociedad civil y legisladores. La importancia y gravedad de las violaciones a la libertad de expresión y la amenaza que representan para la sociedad y democracia, exigen que la Federación cuente con facultades para conocer estas violaciones a derechos humanos.

Distintos organismos internacionales también reconocieron la impunidad sobre los casos y emitieron recomendaciones para federalizar los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión (el Consejo y Comité de Derechos Humanos de la ONU, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo).

A más de cuatro años de múltiples llamados, el Congreso mexicano aprobó una reforma a la fracción XXI del Artículo 73 constitucional que permite a la Federación atraer casos de quienes ejercen el periodismo para ser investigados y juzgados.

La reforma, sin embargo, no significa que solo la Federación podrá conocer estos casos; pueden convivir competencias del orden local y el federal.

Lo que se establece es la facultad de la Federación de conocer casos de competencia local, aunque esta facultad resulta discrecional hasta en tanto se aprueben las reformas a la legislación secundaria que dispongan los supuestos bajo los cuales la Federación tenga obligación de atraer los casos.

Estos supuestos debieran considerar, por lo menos, las violaciones más graves a derechos humanos: asesinatos y desapariciones; cuando exista inacción, omisiones o falta de diligencia por parte de las autoridades locales, o cuando se presuponga que el/la responsable, es una autoridad local. Aunque son los menos (13.63%), también habrá que resolver dónde se investigarán los casos relacionados con la delincuencia organizada.

La federalización tampoco implica una inmediata aplicación, establece que la federación sólo podrá ejercer la facultad de atracción conferida, una vez que el Congreso la haya armonizado con la legislación secundaria: Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras, para lo cual el Congreso tiene un plazo de seis meses.

La efectiva investigación de los delitos contra periodistas depende en buena manera del fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, sin la cual, ésta carecerá de recursos y mandato suficiente para avanzar en el combate a la impunidad.

Es cierto, la llamada federalización no es la panacea, no se traduce en la inmediata consignación y enjuiciamiento de los responsables, pero sin duda la reforma es un paso significativo dentro de la seguridad legal para quienes naturalmente ejercen la libertad de expresión y se ven en riesgo. Estemos conscientes de que la efectiva persecución y procuración de justicia finalmente yace en la voluntad política de las autoridades de hacerla realidad.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Cynthia Cárdenas.