OPINIÓN: La construcción de acuerdos o la parálisis, las vías legislativas

Nota del Editor: Francisco Burgoa es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es consultor en temas constitucionales y parlamentarios, y asesor editorial del programa "Diálogo Jurídico” de Radio UNAM. Puedes seguirlo en su cuenta de Twitter:  @fburgoa

(CNNMéxico) — La LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, en funciones de 1997 a 2000, tuvo gran relevancia al confirmar, en su integración, el pluripartidismo que llegó para quedarse en nuestra incipiente democracia —además de inaugurar la época de los gobiernos divididos—, debido a que por primera vez, el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, no contó con la mayoría absoluta en la Cámara citada y supo lo que significa gobernar sin mayoría.

Posteriormente, vino la alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal al llegar Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional (PAN), primer presidente que no contó con la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esa situación se repitió en la elección presidencial del año 2006 y se volvió a presentar en las elecciones intermedias de 2009.

En la jornada electoral del pasado 1 de julio y de acuerdo con los datos finales ofrecidos por el Instututo Federal Electoral (IFE) tras el cómputo de las votaciones en todos los distritos, Enrique Peña Nieto del PRI obtuvo el 38.21% de los votos, por el 31.59% obtenido por Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo que significa una ventaja para el primero de 6.62%.

Más allá de la interpretación que origine esta diferencia, tenemos que mirar a la integración del Congreso de la Unión, en virtud de que justo ahí es donde se centrará una parte importante de la gobernabilidad democrática en México, al menos en los próximos tres años.

Haciendo un ejercicio sobre la posible integración del Senado de la República, compuesto por 128 legisladorees, según los datos disponibles, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabezarían la primera minoría al tener 57 senadores; seguido por 41 del PAN, 29 del PRD-PT-MC y 1 del Partido Nueva Alianza (PANAL)

Mientras, en la Cámara de Diputados, integrada por 500 legisladores, la primera minoría también correspondería a PRI y PVEM con 232 diputados, por 140 del PRD-PT-MC, 118 del PAN y 10 del PANAL.

Hay que recordar que al no existir un partido político o coalición que tenga la mayoría absoluta, el 50% más 1 de los integrantes de la Cámara que corresponda, solo existen las minorías.

¿En qué se traduce lo anterior? En que deben construirse acuerdos entre el presidente de la República y el Congreso que permitan impulsar las reformas que nuestro país necesita, y es que para aprobar una reforma legal, se necesita una mayoría simple —la mitad más uno— de los legisladores presentes y en cambio, para aprobar una reforma constitucional, se requiere una mayoría calificada —las dos terceras partes— de los legisladores presentes más la mayoría de las Legislaturas de los estados.

De hecho, Enrique Peña Nieto, virtual ganador de la elección presidencial, anunció recientemente que, en su momento, presentará al Congreso una serie de iniciativas que contienen reformas en materia enérgetica, laboral, hacendaria, educativa y de seguridad social.

Pero al no contar con el respaldo de la mayoría absoluta del PRI, junto con el Partido Verde, el panorama no es sencillo, por lo que deberá demostrar su capacidad para negociar con la oposición, o de lo contrario, seguiremos viviendo una parálisis legislativa que a nadie conviene.

No podemos seguir postergando lo inevitable: construir un régimen presidencial que resulte funcional tomando en cuenta los requerimientos de la aún incipiente democracia mexicana. Para ello hay que dotarlo de nuevas formas políticas, culturales y jurídicas para estimular la formación de esas mayorías que se requieren urgentemente y que sólo podrán alcanzarse mediante la conformación de grandes pactos entre las minorías representadas en el Congreso.

Es notorio que uno de los grandes problemas de nuestra forma de gobierno es la falta de construcción de acuerdos que se traduzcan en una gobernabilidad democrática y que se vean reflejados en un proyecto de nación incluyente, por lo que debemos transitar de los gobiernos divididos a los gobiernos compartidos.

Por tanto, es necesario analizar y discutir seriamente algunos temas que sin duda, considero, le darían oxígeno puro a nuestro sistema: reelección inmediata y limitada de legisladores y alcaldes, revocación de mandato, referéndum, segunda vuelta electoral presidencial, reforma al Congreso, Gobierno de Coalición o Gobierno de Gabinete.

Serán los legisladores federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión quienes tendrán la responsabilidad histórica de cumplir con el mandato que les otorgamos en las urnas y pronunciarse al respecto, porque una cosa es incuestionable: México merece tener un sistema político del siglo XXI con el objetivo de que exista una eficaz gobernabilidad democrática y mucho también dependerá del interés que sobre estos temas tenga el presidente electo, a quien le corresponderá encabezar el 5 de febrero de 2017, la ceremonia del primer centenario de nuestra Constitución Federal.

Creo que es tiempo de ir pensando en construir un gran acuerdo que nos permita tener una Constitución renovada para esa fecha y que contemple los mecanismos adecuados en beneficio de la sociedad mexicana.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Francisco Burgoa.