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OPINIÓN: México y EU, sin mecanismos para combatir el tráfico de armas

Una colaboración binacional permitiría pasar de una lógica de violencia a una de paz y seguridad ciudadana
vie 12 abril 2013 10:16 AM
Getty
Armas-Decomiso-Getty Getty

Nota del editor: José M. Ramos es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef). Sigue la cuenta de twitter: @elcolef

(CNNMéxico) — Los principales desafíos de la nueva administración del presidente Obama con respecto al tráfico de armas radican en consolidar la legislación nacional para controlar la compra de armas en territorio estadounidense y en fortalecer los controles para el tráfico a través de la frontera con México.

El tráfico de armas sigue siendo un problema estructural en la relación México-Estados Unidos, y es un factor determinante del narcotráfico, violencia e inseguridad en México.

De ahí que sea tan relevante fortalecer un programa estratégico e integral capaz de incidir en el marco legal, institucional, financiero, tecnológico y de gestión en ambos países. Sin embargo, a pesar de los recientes casos de asesinatos en escuelas estadounidenses, desde el 2008 y en algunos casos de legisladores de ese país, me parece que no ha existido la voluntad política del gobierno de Estados Unidos de avanzar en estrategias eficaces contra el tráfico de armas.

En México, se estima que de las 15 millones de armas circulantes , el 85% sea ilegal, una cifra que pudo haber aumentado en años recientes ( Small Arms Survey, 2011 ).

Por ello se plantea la importancia de avanzar en legislaciones más efectivas y planes de prevención, en donde el fortalecimiento de la cultura de la paz y de programas preventivos sea un elemento fundamental de tales estrategias.

Se estima que 6 mil 700 armerías se concentran en las zonas fronterizas de California, Arizona, Nuevo México y Texas, componiendo la frontera en un gran mercado binacional.

Las estimaciones señalan que unas 2 mil armas se introducen de manera ilegal de Estados Unidos a México cada día. Este panorama muestra una fluidez entre los cárteles de la droga y el mercado negro de las armas.

De ahí la importancia de que exista una legislación integral que considere los distintos factores determinantes tanto del origen como de los diversos impactos que provoca el tráfico de armas, tanto en la relación México-Estados Unidos como en un contexto internacional.

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Los efectos generados por el tráfico de armas son:

  • Empoderamiento de la ilegalidad y la violencia
  • Vinculación de jóvenes a grupos y/o prácticas delictivas
  • Uso de armas en grupos de jóvenes y adolescentes
  • Muertes violentas y/o accidentales provocadas por el uso de armas.
  • Expansión de una cultura de la violencia a través de diversos medios (cine, publicaciones, internet, etc.).
Recientemente algunos congresistas de Estados Unidos han planteado un mayor interés en frenar el flujo de armas de fuego hacia México y castigar a aquellos que intenten o vendan éstas a los narcotraficantes con la "Ley para detener el tráfico ilegal de armas 2013", pero muy especialmente evitará que vuelvan a ocurrir operaciones ilegales como  Rápido y Furioso .

Se espera que este mes el senado estadunidense someta a votación una ley para controlar el comercio de armas. Dicha ley fue solicitada por la administración de Barack Obama después de la matanza de 27 personas —entre ellas 20 niños— en la ciudad de Newtown, Connecticut.

El proyecto de ley se limitará a establecer un mayor control sobre los antecedentes y el estado de salud mental de los compradores de armas, tal como lo piden los grupos de interés en favor de las armas, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

En resumen, el tráfico de armas es un problema con múltiples encrucijadas, en donde no existe un mecanismo binacional o internacional efectivo para reducir este grave problema, cuyos impactos sociales han aumentado, lo que también ha significado un avance en el propósito de migrar de la cultura de la violencia hacia una cultura de la paz y de la seguridad ciudadana.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a José M. Ramos.

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