OPINIÓN: ¿Desaparición forzada o secuestro lo ocurrido en Ayotzinapa?

Nota del editor: Surya Palacios es socióloga, abogada y periodista mexicana. Colabora en Idconline , revista que pertenece a Grupo Expansión; síguela en su cuenta de twitter:  @suryapalacios

(CNNMéxico)— Sí, aunque nos cueste creerlo, el gobierno mexicano no considera que los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa son objeto de desaparición forzada, de hecho –en términos jurídicos- la fiscalía del país argumenta que solo se trata de un secuestro.

Así lo prueban documentos públicos del Juzgado Primero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, órgano jurisdiccional ante el cual la Procuraduría General de la República (PGR) acusa de secuestro agravado, pero no de desaparición forzada, a 46 personas, la mayoría policías del municipio de Iguala, Guerrero, detenidos tras los hechos registrados en esa demarcación el pasado 26 de septiembre.

Incluso, cuatro de estos 46 detenidos fueron dejados en libertad desde el pasado 25 de octubre, debido a que la fiscalía federal no pudo aportar los elementos suficientes para que permanecieran en prisión, de acuerdo con los autos emitidos por el juzgado mencionado.

Estas deficiencias en la acusación formal que realiza la PGR denotan, desde mi perspectiva, una intención deliberada del gobierno para eludir su responsabilidad ante los organismos internacionales que podrían sancionarlo, debido al incumplimiento de diversas convenciones y tratados de derechos humanos.

Además, a pesar de que en el discurso oficial se asegura que no habrá impunidad en este caso, al omitir en la acusación el delito de desaparición forzada, el Ministerio Público federal debilita su propia actuación , propiciando con ello justo lo contrario a lo que formalmente se pretende: castigar a los elementos policiacos que intervinieron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Esto último a su vez revictimiza a los ofendidos del delito, que son los padres y familiares de los jóvenes estudiantes, a quienes también se les están violando sus derechos humanos, pues no están recibiendo del Estado la protección que amerita esta tragedia, empezando por el acceso a la justicia al que tienen derecho como progenitores de los desaparecidos.

Si bien sabemos que no son extraños los errores en las averiguaciones previas que la fiscalía consigna a los juzgados, lo que sorprende es que estas deficiencias se estén presentando en un caso en el que México ha hecho el compromiso de aplicar la ley a cabalidad. ¿Acaso en realidad solo se ha querido salir del paso a la presión internacional?

La respuesta a esa interrogante se puede ubicar en los documentos del juzgado que consultamos: la PGR, al acusar de secuestro a los detenidos (como si se estuviera pidiendo un rescate por los normalistas) está dejando fuera del proceso jurídico el elemento esencial de los hechos ocurridos en el municipio de Iguala aquella noche del 26 de septiembre.

Es decir, se está omitiendo lo que prescribe el artículo 215-A del Código Penal Federal, que castiga -hasta con cuarenta años de prisión- al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada. Si esto no nos indigna, si esto no se considera impunidad, entonces –lamentablemente- todos como sociedad estamos fallando.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Surya Palacios.