OPINIÓN: ¿Por qué el gobierno de EU está inspeccionando los teléfonos celulares?

Nota del editor: Katie Fallow es jefa de abogados del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN) — Un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Un reportero y un fotoperiodista franco-estadounidense del Wall Street Journal. Un cineasta independiente. Un vendedor de aparatos electrónicos.

Estos son algunos de los muchos ciudadanos estadounidenses que se han tenido que someter a inspecciones de sus teléfonos celulares y a interrogatorios sobre sus redes sociales a su regreso a Estados Unidos.

Esta invasión de las comunicaciones privadas de los viajeros es una intrusión extrema y ha ocurrido aun cuando las autoridades no tienen razón aparente para pensar que la persona en cuestión ha hecho algo malo.

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Además, el gobierno ha intensificado esta práctica radicalmente a últimas fechas, aunque algunos fallos judiciales recientes ponen su constitucionalidad en tela de juicio.

Como la gente guarda cada vez más datos personales en sus teléfonos y computadoras, es particularmente atroz que el gobierno estadounidense afirme que tiene acceso irrestricto a estos dispositivos simplemente porque una persona viaje al extranjero.

El Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, cuya misión es defender la libertad de expresión en la era digital, presentó el lunes 27 de marzo una demanda para obligar al gobierno a dar a conocer la información sobre la cantidad de viajeros a los que se ha sometido a inspección de dispositivos, las políticas relacionadas con la inspección de teléfonos celulares que contienen información delicada y confidencial y sobre las conclusiones de las auditorías internas al programa de inspección de dispositivos.

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Las inspecciones de aparatos electrónicos por parte del DHS (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) han aumentado exponencialmente en años recientes: de alrededor de 5,000 inspecciones que se llevaron a cabo en 2015, a unas 25,000 en 2016, según los reportes noticiosos que mencionaron cifras del DHS.

Parece que durante la presidencia de Trump las intrusiones se han vuelto más frecuentes. Tan solo en febrero de 2017, los agentes fronterizos inspeccionaron 5,000 dispositivos.

¿Por qué está pasando esto? Una política de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que está en vigor desde 2009, faculta a los agentes a confiscar e inspeccionar los dispositivos electrónicos de los viajeros aunque no sean sospechosos. La legalidad de esta política siempre estuvo en duda, pero se volvió indefendible tras el fallo de la Suprema Corte en el histórico caso de Riley contra California en 2014 .

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El tribunal sostuvo que la policía usualmente no puede confiscar el teléfono celular de una persona como parte de un arresto sin haber obtenido una orden respaldada por pruebas de que el teléfono contiene evidencias de un delito y cuente con la firma de un juez.

Un teléfono celular contiene "la suma de la vida privada de un individuo", según escribió el ministro presidente John Roberts en sus argumentos. La inspección de un teléfono celular no se parece en nada a la inspección de un bolso de lona.

Lo que la gente almacena en sus teléfonos celulares (historial de búsquedas en internet, expedientes médicos, fotos familiares, datos de ubicación satelital, información financiera y aplicaciones de citas, adicciones o pasatiempos) es mucho más delicado que lo que la gente suele llevar en sus bolsillos, sus mochilas, sus bolsos o incluso en su casa.

nullLa inspección de los dispositivos electrónicos cuando no hay sospechas que funden la inspección suscita inquietudes graves sobre la libertad de expresión y de asociación. Como advirtió la ministra Sonia Sotomayor en otro caso de la Suprema Corte, "saber que el gobierno podría estar observando congela las libertades de asociación y expresión".

A los estadounidenses les preocupará (con toda razón) hablar libremente si, por el simple hecho de viajar al extranjero, el gobierno tiene facultades ilimitadas para leer sus correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales y cosas por el estilo.

Las consecuencias podrían ser particularmente significativas para la libertad de prensa. Las inspecciones de celulares sin que medie sospecha amenazan la capacidad de los periodistas y de sus fuentes para informar sobre asuntos internacionales importantes, lo que priva al público del derecho a enterarse de esos asuntos.

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En varios reportes se indica que varios periodistas, abogados y activistas (particularmente quienes cubren guerras civiles y terrorismo o que viajan a zonas de conflicto) se tuvieron que someter a inspecciones de sus teléfonos celulares y otros dispositivos en las fronteras estadounidenses, en donde los agentes exigieron que les dieran las contraseñas para leer sus comunicaciones con sus fuentes. Estas fuentes podrían mostrarse recelosas de dar información a los periodistas y activistas si su identidad o su información se pueden revelar a las autoridades estadounidenses en la frontera.

Las pruebas anecdóticas de la forma en la que el gobierno estadounidense usa sus facultades para llevar a cabo inspecciones de dispositivos electrónicos sin que medie sospecha es perturbadora, pero está incompleta. La gente tiene derecho a ver el panorama completo, cosa que muchos grupos de defensa de las garantías individuales han exigido al gobierno.

En nuestra solicitud de información pedimos la exhibición de una amplia gama de información, pero una de las cosas que queremos podría ser particularmente reveladora: pedimos la base de datos del Sistema de Comunicaciones de las Corporaciones de Seguridad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que contiene información sobre cada inspección de dispositivos que se ha llevado a cabo en la frontera, incluida la razón de la inspección, el país de origen, la raza y el origen étnico del viajero.

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El gobierno creó esta base de datos en respuesta a las inquietudes que la oficina de garantías individuales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos manifestó hace varios años respecto a la posibilidad de que las inspecciones fueran discriminadoras o ilegales en otros sentidos.

La revelación de la base de datos (que probablemente tenga ciertas partes ocultas para proteger los intereses legítimos de seguridad nacional y de privacidad) ayudaría a la opinión pública a entender los puntos básicos de este programa gubernamental: ¿con cuánta frecuencia se llevan a cabo inspecciones de teléfonos celulares y otros dispositivos y por qué razones? ¿Por qué aumentó considerablemente la incidencia de inspecciones de teléfonos celulares en los pasados 15 meses? ¿El Departamento sigue sus propias reglas respecto a las medidas especiales para proteger los contenidos privilegiados o delicados almacenados en teléfonos celulares que surjan en las inspecciones? ¿Cuáles son esas reglas?

Los tribunales deberían exigirle al gobierno que revele esta información de forma expedita y la práctica de hurgar en la vida privada de los viajeros sin razón para sospechar de algún ilícito debería llegar a su fin.

Todo lo que sabemos sobre las inspecciones que el gobierno hace de los aparatos electrónicos en las fronteras indica que está expandiendo radicalmente un programa anticonstitucional.

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