OPINIÓN: ¿Nayarit es realmente seguro como dicen sus números?
Nota del editor: Francisco Rivas es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista en seguridad, autor de investigaciones y artículos en materia de seguridad, justicia y cultura de la legalidad. Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad del autor.
(Expansión) — En un país donde los avances en materia de seguridad sufren reveses importantes y donde las historias de entidades que han logrado abatir el delito escasean, los datos oficiales de incidencia delictiva del estado de Nayarit son envidiables.
Si se analizan los datos oficiales de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), construidos sobre la base de denuncias, averiguaciones previas y carpetas de investigación de la Fiscalía General de esa entidad (FGJEN), muestran que en 2011 la tasa de homicidios dolosos era de 40 por cada 100,000 habitantes, contra los 3 -por 100,000 habitantes- de 2016.
En el contexto nacional se vio crecer los homicidios de 2014 a 2015, y de este año a 2016. En particular, en 2016 se tuvieron los peores cuatro meses de toda la actual administración federal por número de víctimas y casos de homicidio. En Nayarit, en el mismo periodo pasó precisamente lo contrario, es decir, se redujo casi 50% la incidencia de este delito en su estadística oficial.
En otros delitos ocurre prácticamente lo mismo, tales como secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo a negocio, robo de vehículos y el total de robos con violencia, que en tan solo tres años, estando la FGJEN bajo el mando de Edgar Veytia, pasaron de encontrarse en los primeros lugares del ranking nacional de tasas por incidencia, a los últimos lugares, peleando los últimos puestos con estados reconocidos por sus condiciones de seguridad: Yucatán, Campeche o Aguascalientes.
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En papel, Nayarit es un éxito que debía ser documentado para poder generar un modelo con indicadores de desempeño y resultado para que permitiese adaptarlo y aplicarlo en entidades donde, tras décadas de intervenciones federales, centenares de víctimas de delitos y miles de millones gastados, no logramos reducir la violencia.
Sin embargo, rara vez la autoridad federal tomó como referencia el caso Nayarit, por alguna razón el discurso oficial siguió exaltando casos como Baja California, Chihuahua o Nuevo León —donde, dicho sea de paso, las acciones para volver a pacificar estas entidades se iniciaron en la administración federal pasada y en el último año se encuentran lejos de ser un éxito.
La detención en los Estados Unidos el pasado 29 de marzo, del exfiscal general de Nayarit, Edgar Veytia, titular de la prevención del delito, la reacción, procuración de justicia, negociación y administración de las aportaciones federales en materia de seguridad, acusado de delitos contra la salud (conspiración internacional para producción y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana entre 2013 y febrero pasado), así como por nexos con la delincuencia organizada.
Los motivos de la detención son claros, según la autoridad judicial de EU, Veytia era integrante de la delincuencia organizada. Ser detenido y acusado, en un sistema donde la justicia funciona, no significa que sea culpable. A las autoridades en materia de los EU les tocará comprobar estos cargos.
Sin embargo, en un caso como éste, resulta imposible no preguntar ¿qué estaba pasando en México? Al mismo tiempo en que se armaba el caso en contra de Veytia en los EU, ¿dónde estuvo la tan presumida inteligencia? ¿Dónde estuvieron el Cisen, la PGR, la CNS, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP? ¿De verdad el gobernador y los poderes del Estado en Nayarit estuvieron tan distraídos, confundidos o de plano son tan superficiales como para no haber visto o notado que, esos descensos en la estadística oficial eran raros?
Para lograr un éxito tan rotundo, se debería poder observar una estrategia clara, un cambio en la policía, ministerios públicos, peritos y custodios en términos de equipamiento, salarios, prestaciones, capacitación, recursos humanos, institucionalización de procesos y plena implementación de protocolos de actuación. Algo que no era visible en Nayarit.
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Lo cierto es que una mirada más atenta y profunda tan solo a la estadística, muestra que la autoridad no reporta datos sobre extorsión y robo a transeúnte, y que los datos sobre otros delitos como robo a transportista e institución bancaria, muestran un comportamiento atípico que requiere explicaciones.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) nos dimos a la tarea desde 2013 de tratar de esclarecer estas fallas, al paso que la publicación de nuestros estudios nos llevó a solicitar por transparencia, información sobre trata de personas, secuestro, extorsión, fosas clandestinas, desapariciones forzadas e involuntarias, sistema penitenciario, resguardo de armas de fuego, desarticulación de bandas, feminicidio, varias formas de homicidio y de robos. De 54 solicitudes de transparencia sometidas por el ONC a la FGJEN en cuatro años, se obtuvo respuesta solo de una, de manera extemporánea y con tan solo dos años y un mes de retraso respecto a los términos establecidos en la norma para que la institución respondiese.
El trabajo de campo y la revisión documental no mejoró la sospecha de que algo fallaba en términos de transparencia, rendición de cuentas y Estado de Derecho. La FGJEN se mostraba como una institución carente de pericia, conocimiento e insumos que hiciesen concluir que no estaba trabajando en pleno respeto de la norma.
No niego que en las calles de Tepic se puede observar una vida social aparentemente normal, la gente ocupa el espacio público y consume en lugares comerciales. Aunque toda la vida social aparentemente normal sucede mientras las autoridades patrullan con camionetas donde los policías llevan el rostro totalmente cubierto y van armados como para poder enfrentar en combate, una delincuencia que en el papel no se ve.
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Esto se informó a la opinión pública con declaraciones, artículos y evidencia documental. Se habló directamente con el fiscal general y sus colaboradores, y también con el gobernador del estado Roberto Sandoval y nada. Nadie oyó o entendió que no hay seguridad sin Estado de Derecho, que disminuir los delitos por acciones al margen de la ley tiene consecuencias negativas y profundas.
En espera de los resultados de las investigaciones en EU, es hora de que alguien responda en México por las omisiones, complicidades o ineficacias que permitieron que el hombre más importante de la seguridad, en un estado clave en materia de combate a la delincuencia organizada, no fuese investigado seriamente.
El señor Veytia se enteró de secretos de Estado, compartió reportes de inteligencia, dialogó de igual a igual con los encargados de todo el país de la seguridad, procuración de justicia, sistema penitenciario e inteligencia.
Urge una rendición de cuentas profunda y contundente que nos explique qué pasó en este gravísimo caso, caiga quien tenga que caer o se limpie el buen nombre de alguien a quien hoy se le acusa injustamente.
Los nayaritas merecen acceso al Estado de Derecho y vivir seguros, y una autoridad comprometida con la delincuencia atenta directamente en contra del tejido social.
Si la seguridad es el resultado de la incidencia delictiva, la calidad de los delitos cometidos y las capacidades institucionales para responder a estos, Nayarit no puede ser seguro, ya que no se puede confiar ni en la estadística delictiva ni en las autoridades encargadas de combatir a los delincuentes.
El pasado diciembre lo dije en este mismo espacio, las elecciones de este año probablemente agravarán las actuales condiciones de seguridad. Con este antecedente temo por los nayaritas, mi solidaridad está con ellos y con todos los mexicanos que seguimos pagando la corrupción y simulación de los poderosos en total impunidad.
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