OPINIÓN: ¿Es posible una auditoría social en las finanzas públicas?

Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es titular de Emprendimiento e Incubación en la Universidad Panamericana. Desde 2004 ha desarrollado actividades profesionales en gestión de la Innovación, gestión de inversión de capital privado emprendedor, la planeación, organización y conducción de las políticas de desarrollo del financiamiento del emprendimiento, la productividad y la innovación. Las opiniones expresadas en el texto son exclusivas de su autor.

(Expansión) — En México, en los últimos cuatro años, el déficit fiscal como proporción del PIB ha aumentado con vigor. Al cierre de 2016, el incremento fue de 2.9%, lo que ubicó el saldo de los requerimientos financieros del sector público en 45.7%, según datos de la Secretaría de Hacienda, esto muestra que efectivamente se realizó un incremento en el gasto.

Sin embargo, este incremento no detonó un efecto multiplicador significativo en el conjunto de la economía; por el contrario, el gasto público, al no ser capaz de generar los recursos que necesitó para financiarse, recurrió desde el inicio del sexenio al alza de impuestos y a la competencia por captación de capital, lo cual desplazó negativamente la inversión, lo que situó a la economía del país en una senda de decrecimiento, representada por un estancamiento del ingreso real y una débil capacidad para consumir.

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Los impactos de estas acciones de política pública deberían ser anticipadas por la autoridad hacendaria, no obstante, la realidad muestra una ausencia de rigor técnico y político en el manejo del efecto multiplicador de la política fiscal como herramienta en el impulso al crecimiento económico, en donde el gasto público se acompañe de una reducción de importaciones y un aumento de las exportaciones, sobre todo en aquellas de mayor valor agregado, para procurar un incremento en el poder adquisitivo de la mayoría de la población.

Escenarios como éste hacen imperioso el deliberar la pertinencia de contar con un “Consejo Fiscal Independiente”. Dichas entidades distan de ser propuestas novedosas ya que 47 naciones cuentan con una figura similar, ejemplo de ello son: EUA, Canadá, España, Brasil, Reino Unido, Chile, entre otros.

El Consejo Fiscal surge como un elemento de certidumbre en la planeación desarrollo y ejecución de la política económica de un país, precisándose como la estructura técnica y normativa que garantiza la congruencia en el ejercicio transparente y eficiente de la política fiscal, con una visión de largo plazo capaz de medir los impactos reales de las decisiones de gasto e inversión.

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En 2016, en la presentación del reporte Monitor Fiscal, el FMI señaló que México podría beneficiarse con la creación de este organismo, permitiéndole invertir más en su marco de reglas fiscales con el fin de asegurarse una trayectoria de la deuda pública bien anclada, desde una perspectiva a más largo plazo.

En términos generales, como lo señalan Daron Acemoglu y James A. Robinson, la forma en que son gobernadas las instituciones afecta en gran medida el impacto del desarrollo económico y social de su actividad, con lo cual, hablar del establecimiento de un “Consejo Fiscal Independiente” que centralice y pluralice el ejercicio de política fiscal, fortalecería la perspectiva de gobernabilidad entre los intereses y deberes de los sectores público, privado y social, como la vía por la cual se da prioridad al mandato social de atender las evidentes desigualdades económicas y sociales del país, diluyendo paulatinamente la influencia que actualmente ejercen diversos grupos de poder sobre la elaboración de las políticas de ingresos y egresos, lo que ampliaría el razonamiento técnico sobre lo que necesita México para encaminarse a una senda de crecimiento y desarrollo económico.

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José Antonio Martínez señala que los “Consejos Fiscales se han convertido en un elemento importante de los marcos fiscales en varios países europeos y de todo el mundo. Estos órganos se encargan de las tareas técnicas relacionadas con el proceso de toma de decisiones de las políticas fiscales, (…) así como para el análisis a largo plazo de sostenibilidad de las finanzas públicas”.

En conclusión, la construcción de organismos y mecanismos encaminados a la ciudadanización del ejercicio de gobierno suponen un proceso de auditoría social como elemento de control de la gobernanza en México. Esto supone priorizar una función pública ética, justa, equitativa, progresista, sustentable y capaz de garantizar beneficios colectivos para las comunidades actuales y la del futuro, a través de ejercicios de aproximación efectiva hacia las necesidades que enfrenta la sociedad, con el principio de buscar el bienestar de todos los grupos poblacionales, pero sobre todo de aquellos que han sido excluidos del modelo económico actual, en donde inevitablemente en el mediano y largo plazo, el beneficio de su incorporación al desarrollo redundará en un bienestar colectivo.

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La estructura económica del país requiere de una serie de cambios en las normas que rigen las políticas fiscales, a través de las cuales se tomen las decisiones, un ejemplo de ello es el establecimiento de requisitos para la supervisión presupuestaria en términos de calendario e información que habría que transparentar cara a la sociedad, la elevación en los objetivos de disciplina fiscal y evitar los desequilibrios macroeconómicos y, en concreto, el déficit exterior elevado.

En el marco del foro económico organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señaló: “este país merece un proyecto político, económico, social, con mucha más fortaleza; se requiere un acuerdo mucho más amplio, más participativo, en donde se fijen mecanismos que aseguren la transparencia, la legalidad y la equidad, con una mirada hacia el México que queremos dentro de 10 años, (porque en la actualidad) todo es pensar a corto plazo, eso no funciona”.

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