OPINIÓN: Un ángulo diferente sobre la reforma fiscal en EU
Nota del editor: José Jaime Díaz González de la Campa es socio director en GSG Consultores Asociados, S.C.. Especialista en Finanzas Corporativas y Administración de Riesgos, se ha desempeñado en cargos relacionados a Finanzas y Administración de riesgos en empresas mexicanas y globales. Es Maestro en Negocios Internacionales por la Universidad de Miami y LAE por la Universidad Iberoamericana. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.
(Expansión) — Hemos leído en diferentes medios acerca de la anunciada reforma fiscal que el gobierno estadounidense ha decidido implementar a partir de este año. A continuación presentaré algunas implicaciones, no tan obvias, tanto para ese país como para México.
El primer objetivo de la reforma impositiva de Estados Unidos es incentivar el crecimiento de su economía en el corto plazo, ofreciendo a las empresas beneficios suficientes para regresar o mantener sus operaciones y manufactura en ese país. Un incentivo muy atractivo es la deducción del 100% a las inversiones nuevas de capital fijo por los siguientes cinco años, lo que significa que las empresas que decidan invertir en infraestructura y en aperturas podrán tener una exención total de impuestos.
Todos estos beneficios buscan impulsar la inversión en nuestro vecino del norte y al mismo tiempo desincentivarla en México. Sin embargo, el costo de la mano de obra es una razón suficiente para que las empresas estadounidenses continúen manufacturando en nuestro país, ya que el salario mínimo en Estados Unidos es de 10 dólares la hora y en México es de 10 dólares al día.
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Para entender las repercusiones que esta reforma pueda tener en caso de ser aplicada en su totalidad, vayamos más a fondo y analicemos algunos indicadores de la economía de Estados Unidos.
Al cierre de su año fiscal de 2017 (septiembre), EU acumuló un déficit por 666,000 millones de dólares, que equivale al 3.5% de su Producto Interno Bruto. De acuerdo al Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, el último dato sobre la deuda de este país contra su PIB es del 106.1%. Esto significa que con el modelo actual y antes de aplicar la reforma, los ingresos fiscales no son suficientes para cubrir los gastos del gobierno.
Con la nueva reforma, Estados Unidos reducirá sus ingresos en 1.5 billones de dólares (millones de millones de dólares) en los siguientes años, lo cual resulta en una apuesta muy alta, ya que esperan obtener ingresos únicamente por 448,000 millones de dólares o el 2.3% del PIB. Es así que mayor déficit implicará la necesidad de más deuda. Además, más ingresos en las organizaciones y en las personas generará mayor dinero circulante en la economía y esto producirá mayor inflación. La manera de contenerla es incrementando las tasas de interés.
Un esfuerzo similar se intentó implementar en el gobierno de Ronald Reagan en los años 80. La historia probó que no fue sostenible porque se elevaron las tasas impositivas. El esquema, tal como se vislumbra hoy, tampoco será sostenible y eventualmente volverá a elevar las tasas de impuestos, por lo que las empresas multinacionales deberán ser muy cautelosas en sus decisiones de los siguientes tres años.
En el corto plazo, y aunque la manufactura permanezca en el exterior, la disminución del impuesto a las utilidades corporativas (el equivalente al ISR en México) es en este momento el incentivo más atractivo para que las empresas estadounidenses sigan operando en su país, el cual ha bajado a nivel federal del 30% al 21%.
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El diferencial entre la tasa de impuestos de los dos países será aproximadamente del 25%, considerando que México tiene el 30%, por lo que nuestro país puede perder atractivo para la inversión, y deberá aumentar las tasas de interés para evitar perder aún mayor competitividad ante Estados Unidos, y evitar mayor deslizamiento de nuestra moneda.
Una solución para que México recupere la competitividad sería ajustar las tasas de impuestos. Sin embargo, nos enfrentaríamos a un problema similar a Estados Unidos, un incremento en el déficit fiscal que solo podía ser financiado con deuda y peor cuando sabemos que solo 45% de la población económicamente activa es contribuyente.
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Otra solución menos complicada sería homologar los impuestos al consumo (IVA), ya que todos, contribuyentes o no, los tendríamos que pagar, pero los contribuyentes tendrían importantes beneficios al recibir opciones de deducciones que los que están fuera de régimen fiscal no podrían aprovechar. La complejidad es que este tipo de medidas son completamente antipopulares y antielectorales. El costo político es muy alto en el corto plazo, pero es la gran solución hacia adelante.
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