OPINIÓN: Política industrial en México, ilusiones y realidades más allá de 2024

Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es titular de Emprendimiento e Incubación en la Universidad Panamericana. Desde 2004 ha desarrollado actividades profesionales en gestión de la Innovación, gestión de inversión de capital privado emprendedor, la planeación, organización y conducción de las políticas de desarrollo del financiamiento del emprendimiento, la productividad y la innovación. Las opiniones expresadas en el texto son responsabilidad del autor.

(Expansión) - El crecimiento económico que México requiere no solo descansa en el establecimiento de una política industrial; también debe de correlacionarse con la política educativa, la política social y sobre todo con la política en ciencia y tecnología, las cuales deben considerar en su planeación y ejecución una visión transexenal, que contemple aspectos relacionados con la diversidad territorial, la identidad local y regional, así como las vocaciones productivas e industriales en cada entidad del país.

El 9 de julio se reunieron Andrés Manuel López Obrador y Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quien al término del encuentro refirió lo siguiente:

“México hoy más que nunca, debe acelerar su proceso de reindustrialización por cuatro motivos fundamentales: el reto que impone el TLCAN; la postura proteccionista que ha emanado de Estados Unidos; la competencia con China y el Pacífico asiático, así como la apuesta al crecimiento y generación de empleos”.

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Ante esta declaración conviene preguntarse; ¿el proceso de reindustrialización por sí solo es capaz de generar crecimiento y empleo? En general, la respuesta del aletargamiento del mercado,se debe a las acciones de política económica, las cuales han mostrado en los últimos 25 años una disminución en los niveles salariales en términos reales, lo cual ha perjudicado la capacidad de compra y el consumo de la población. Es claro que no siempre ocurre de igual manera, sin embargo, esta política económica desatiende el mercado interno, así como la demanda impulsada por la inversión productiva tanto pública como privada.

Un ejemplo son las cifras de la Secretaría de Hacienda, que indican una reducción en el gasto en inversión física del sector público respecto del 21015; dado que en el 2017 sumó solo 655,175 millones de pesos, en tanto en el mismo periodo de 2015 fue de 707,730 millones de pesos.

En el último Reporte de competitividad global 2016-2017 del Foro Económico Mundial (WEF), México ocupó la posición 51 entre 138 países analizados, con una calificación de 4.41, muy por debajo de países como Malasia que se sitúa en el lugar 25 con una calificación de 5.16, y de Chile, que ocupa la posición 33 con una calificación de 4.64.

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Estos datos se consolidan con la presuposición de la política económica de los últimos años, la cual sustentó el total de los esfuerzos en materia de crecimiento y empleo a una política fuertemente exportadora que sin lugar a dudas dependía de la capacidad real de la industria nacional para competir, pero más aún dependía de la no obstaculización del mercado internacional a través de medidas proteccionistas.

Estas dos condiciones son altamente complejas de mantener en el largo plazo, la primera de ellas amenazada por anclas estructurales, como la elevada dependencia tecnológica que al 2016 mostró una tasa de cobertura de 0.36, derivada de la relación de ingresos por venta de productos relacionados con el intercambio de conocimiento tecnológico respecto a los pagos realizados al exterior por la adquisición de los mismos conceptos; en el mismo año, de acuerdo con el WEF, el país ocupó la posición 51, de 138 países, en el índice de competitividad.

La segunda de ellas ha sido afectada desde el pasado 20 de enero del 2017, con la llegada de presidente número 45 en los Estados Unidos de Norteamérica, quien ha implementado una política proteccionista que obstaculiza el propósito del libre comercio.

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Por ello es pertinente la tesis de que el desarrollo es catalizado por el cambio tecnológico y la innovación, en donde el rol del Estado es vital. Para Zvi Griliches, el cambio tecnológico hace que la producción sea más eficiente y mejore la calidad de los bienes, con lo cual se impacta en el crecimiento económico.

En ese tenor, se requiere que la ciencia, la tecnología y la innovación formen parte de la política industrial, con el objetivo de contribuir más al desarrollo económico, con la tesitura de romper con las formas establecidas en el intercambio de conocimientos a favor de dinamizar la competitividad y el desarrollo tecnológico del sector empresarial.

No hay un solo modelo de política industrial para todos; pensar que esto equivale a obstinarse en negar las diferencias culturales, políticas, sociales, geográficas, tecnologías y étnicas que existen en el país.

Para lograrlo, la nueva administración deberá llevar a cabo una negociación del TLCAN firme y realista; unificar criterios y políticas regionales que den pertinencia y fortaleza a la política industrial, en especial en el rubro de la ciencia y tecnología, a fin de favorecer la reducción de la tasa de dependencia tecnológica del país y armonizar las exigencias del mercado internacional con una visión de justicias social orientada al crecimiento del mercado interno.

La política fiscal debería ser un mecanismo de equilibrio ante la disparidad en la distribución de la riqueza, que incentive a las empresa a ser menos rentistas del producto del trabajo y ser más propensas a buscar el crecimiento a través de la inversión en la formación del talento humano, la creación de nuevas tecnologías y la apertura de nuevos mercados.

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