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OPINIÓN: Transformación a como dé lugar

Los proyectos estratégicos de una Administración nueva no deben estar por encima de los principios de competencia y transparencia en las contrataciones públicas, opina Luis Mauricio Alcocer.

Nota del editor: Luis Mauricio Torres Alcocer es Investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Síguelos en su página y redes sociales: Twitter y Facebook . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(Expansión) – El movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador tendrá que ser cada vez menos de corte político y más de administración pública. Sin embargo, hasta ahora la estrategia dominante del equipo de transición ha sido insistir en propuestas ruidosas y en el cambio “a como dé lugar.” Esta mentalidad inflexible de cumplir a toda costa con grandes proyectos comienza a vulnerar las oportunidades de éxito de la siguiente Administración al desatender temas relevantes y dedicar gran parte de su atención a un puñado de propuestas de campaña poco viables.

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Un ejemplo de esto es la manera en que se ha manejado todo el tema del nuevo aeropuerto. Nos queda claro que la nueva Administración no ve con buenos ojos su construcción, sin embargo, no ha logrado ofrecer alternativas viables y rentables. Lo que sí ha sucedido es que se han reiterado los planes para su cancelación hasta el cansancio. La idea de una consulta pública sigue en pie aunque no tenemos idea de cuál será la metodología a usar o sus fundamentos legales. Al concentrar esfuerzos en este asunto, el riesgo de que la opinión pública termine confundida y poco satisfecha es altísimo.

Algo similar ocurre con el Tren Maya. Esta obra genera más preguntas sobre su viabilidad que argumentos para sustentar la necesidad de su construcción. Esta propuesta se ha empujado un día sí y el otro también. Incluso, López Obrador ha planteado que la empresa Bombardier desarrolle parte del proyecto, al parecer sin un proceso formal de licitación. Es muy probable que esta obra, como muchas otras, salga mal, a destiempo y con sobrecostos. Más que un activo o un símbolo palpable del cambio, esta obra puede convertirse rápidamente en un pasivo de la siguiente Administración.

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Así sucede también con las refinerías. Su construcción tiene un costo de oportunidad bastante alto y Pemex pierde mucho dinero al año en ese negocio. Sin embargo, se ha impulsado su desarrollo una y otra vez. En este sentido, el Congreso de Tabasco (en el cual Morena es mayoría) realizó modificaciones a sus leyes de obra pública que permiten sacarle la vuelta al proceso de licitación pública si se trata de proyectos “estratégicos.” Esta acción no únicamente abre la puerta a actos de corrupción, sino que ilustra muy bien la doctrina de aparentar una transformación al precio que sea.

Estos tres ejemplos evidencian debilidades de la estrategia seguida por el equipo de transición para empujar su agenda. El más relevante es que la opción de desestimar la legislación actual está sobre la mesa con tal de cumplir con las promesas de campaña. Suprimir la obligación de priorizar las licitaciones públicas sobre las adjudicaciones directas en los procedimientos de contratación para realizar obras de infraestructura va en contra de avances importantes en materia de anticorrupción y competencia.

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Los proyectos estratégicos de una Administración nueva no deben estar por encima de los principios de competencia y transparencia en las contrataciones públicas. Es reprobable que se intente llevar a cabo este tipo de manipulación de la regulación por una supuesta urgencia de arrancar el sexenio con obras vistosas.

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Los riesgos de la visión terca de avanzar rápido no solo existen para las instituciones que buscan evitar malas prácticas en la administración pública, sino también para el nuevo grupo en el poder. Si el tren, la refinería o el aeropuerto en Santa Lucía se vuelven una realidad, es muy probable que terminen siendo una fuente inagotable de dolores de cabeza para el Gobierno federal.

Las obras de infraestructura usualmente no se terminan a tiempo e implican un desembolso mayor al presupuestado. Será difícil encontrar los recursos públicos necesarios para el desarrollo de estas obras emblemáticas y los riesgos de escándalos de corrupción estarían a la vuelta de la esquina. Además, también es posible que ninguna de estas obras logre cumplir con sus objetivos de interés público. Principalmente debido a que no parecen estar bien planeadas ni como proyectos financieros rentables ni como proyectos de desarrollo.

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Por último, el descontento entre los entusiastas de estas políticas será enorme si estas obras no se llevan a cabo, lo cual parece ser el escenario más visible. En este caso, lo importante es hacer un intenso manejo de expectativas sobre lo que se podrá hacer y lo que no. En la lógica de vender una transformación visible y faraónica “a como dé lugar”, el equipo de transición parece no tener un plan B.

Este podría ser un buen momento para comenzar a dejar de insistir en este tipo de promesas de campaña que no van a ningún lado y concentrarse en otros temas donde pueden tener más éxito. El primer paso es priorizar objetivos: concentrarse en atender problemas de corrupción, transparencia o algunos aspectos de seguridad que sean intensivos en generar mejor regulación y menos en ejercer presupuesto, por ejemplo.

Enviar señales al electorado de que se perseguirán casos de corrupción que han sido desatendidos o plantear metas alcanzables en los procesos de compras públicas son promesas menos llamativas que los aeropuertos, las refinerías y los trenes. Sin embargo, es mejor que la 'cuarta transformación' sea recordada como una etapa política de cambios institucionales discretos pero importantes y no como un periodo de enormes proyectos fallidos de infraestructura.

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