OPINIÓN: Seguridad vial, ¡ya!
Nota del editor: Juan Mayorga es periodista especializado en asuntos ambientales, principalmente cambio climático, transición energética y desarrollo urbano sustentable. Es maestro en Public Management y GeoGovernance por la Universidad de Potsdam, Alemania, colaborador de medios nacionales e internacionales. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.
(Expansión) — En la Ciudad de México llevamos 10 años poniendo bicicletas blancas para recordar a los ciclistas muertos en incidentes de tránsito. Una década lamentando muertes prevenibles y exigiendo seguridad vial. Igual que en tantas ciudades del país, estamos hartos.
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La primera bicicleta blanca en la CDMX se instaló en junio de 2009 para recordar a Liliana Castillo, una estudiante de literatura y arte dramático de la UNAM que fue atropellada cuando cruzaba un paso peatonal afuera del metro Coyoacán. Tenía 22 años de edad y su muerte fue demoledora para sus seres queridos y para quienes pudimos acompañarlos.
Sin embargo la escena se ha repetido hasta la náusea durante en estos 10 años, cambiando nombres, lugares y algunas otras circunstancias. El drama persiste: los muertos casi siempre son jóvenes, el conductor casi siempre está mal capacitado, los lugares del siniestro casi siempre tienen un diseño deficiente y el contexto casi siempre está marcado por una pobre o nula regulación de la movilidad.
El último de estos casos ocurrió el 21 de noviembre pasado y nos ha dejado azorados. Emmanuel Vara Zenteno, atropellado por un camión en el centro histórico de Puebla, no solo era joven y ciclista, sino un reconocido vocero en la demanda de compartir las calles y tener ciudades más humanas.
Como director de movilidad del ayuntamiento de Puebla, Manu velaba personalmente por la seguridad de otros como él. Tenía 28 años y su despedida incluyó la instalación de una bicicleta blanca en el sitio donde falleció. El emotivo momento fue tendencia en redes sociales y un grito colectivo de justicia.
En esta década, las bicicletas blancas se han convertido en recordatorios dolorosos de que hemos fallado en ordenar nuestras calles para protegernos a nosotros mismos. Además de Manu, en menos de 24 horas murieron otros dos ciclistas menores de 30 años. Patricia, de 26 años, murió camino a la universidad (el IPN) en el norte de la CDMX, mientras que Gabriela murió usando una bicicleta pública Ecobici a los 20 años cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Doctores.
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A estas alturas me disculpo por la enorme imprecisión: Patricia, Gabriela y Manu no murieron; los mató la falta de cultura vial, regulación e inversión apropiada.
El problema ha escalado de tal manera que, aún en un país devastado por la guerra contra el crimen organizado, los incidentes de tránsito son la primera causa de muerte en niños y jóvenes menores de 24 años, según el WRI, que califica esto de “una epidemia silenciosa” que cobra diariamente la vida de unas 40 personas en el país.
El deterioro de la cultura vial nos ha llevado a que en México tener un auto más grande equivalga a sentirse más seguro, que el peatón atropellado sea estigmatizado bajo el argumento falaz de que “no usó el puente peatonal” y a que se invierta desproporcionadamente en infraestructura para autos en lugar de transporte público o banquetas seguras.
La vulnerabilidad de peatones y ciclistas nos recuerda que en las calles no solo prima la ley del más fuerte, sino también la desigualdad social, la incapacidad del estado y, tal vez lo más doloroso, la falta de empatía entre gente de carne y hueso.
En este horizonte agraviante se analiza la Ley de Seguridad Vial, propuesta por organizaciones sociales que buscan hacer cultura vial mediante políticas públicas.
La iniciativa, trabajada durante los últimos cinco años y presentada en la Cámara de Diputados en 2017, da a la Secretaría de Gobernación las facultades para controlar las licencias de conducir a nivel nacional. Actualmente en la Ciudad de México, por absurdo que suene, no se necesita demostrar que uno sabe manejar para obtener una licencia, sino solamente identificarse y pagar los derechos.
La propuesta también establece un registro de conductores (actualmente puede seguir manejando una persona con un largo historial de atropellados), extensión de las pruebas de alcoholímetro, estándares de seguridad para la fabricación de autos, un fondo nacional de seguridad vial para brindar atención médica a víctimas y, algo crucial, la obligatoriedad de considerar a peatones y ciclistas en cualquier obra de infraestructura pública.
No nos confundamos. La seguridad vial no es una causa de ciclistas y peatones, ni mucho menos un ataque contra los automovilistas. De hecho, muchas de las víctimas que se apilan en la estadística son los propios conductores y tripulantes de vehículos.
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La iniciativa nos ayudaría a todos a reducir riesgos comunes y a protegernos independientemente del medio en que nos movamos porque, como ejemplarmente lo recordó la madre de Emmanuel después de perder a su hijo: “todos somos peatones, el que se sube a un carro en un momento dado también lo es”.
En países como Holanda, donde se han reducido notablemente los incidentes de tránsito durante el último medio siglo, la fórmula ha estado compuesta tanto de regulación como de inversión en transporte público e infraestructura peatonal y ciclista. Nadie en Ámsterdam, Copenhague o Londres puede obtener una licencia de conducir de una manera tan absurdamente fácil como en la Ciudad de México. Nadie en una ciudad con una cultura vial sana pensaría en manejar después de beber alcohol, usando aplicaciones para esquivar el alcoholímetro. En estas ciudades, miles de muertes han sido evitadas.
Los peatones y ciclistas son el canario en la mina. Si ellos están seguros, también lo estaremos los automovilistas. Hay que dejar el falso dilema entre ciclistas y automovilistas y trabajar en una agenda común. Al final del día, estoy seguro que nadie quiere seguir colgando bicicletas blancas ni lamentando muertes prevenibles.
#LeySeguridadVialYa
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