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OPINIÓN: ¿Quién cuida la estadística oficial?

En todo el mundo las instituciones pueden generar mejores mecanismos para defender la credibilidad y uso de los datos, opina Luis Mauricio Torres Alcocer.
INEGI
Cada encuesta a ciudadanos, cada registro de inmigración ilegal, cada dato de importación de energéticos, cada declaración patrimonial y cada opinión sobre la viabilidad financiera o sobre el impacto ambiental de políticas públicas debería estar sujeto a escrutinio.

Nota del editor: Luis Mauricio Torres Alcocer es Investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Síguelos en su página y redes sociales: Twitter y Facebook . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(Expansión) – El año pasado se presentó un debate intenso sobre recortes al financiamiento escuelas públicas en el Reino Unido. Como respuesta a señalamientos de descontento por parte de maestros y directores, el Departamento de Educación (DfE) argumentó que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su gobierno era el tercero que más gastaba en educación a nivel global.

Esa afirmación estaba un poco inflada. El DfE omitió una aclaración: las cifras comparadas incluían no solo gasto público sino desembolsos de familias en escuelas privadas e incluso préstamos para estudiantes universitarios. El dato no era del todo correcto, pero tampoco significaba un ejercicio brutalmente deshonesto: el Sabueso de Animal Político seguramente lo habría clasificado como engañoso.

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De hecho, la Oficina para la Regulación de Estadísticas (OFR) del Reino Unido tuvo esa misma opinión sobre la información de la autoridad educativa. La OFR siguió el caso y le pidió al DfE en varias ocasiones que dejara de usar datos engañosos para avanzar su agenda. Una medida que parece desproporcionada para sociedades menos acostumbradas a la verificación de datos.

Sin embargo, esa es la función principal de la OFR: salvaguardar la integridad, confiabilidad y valor de los datos producidos por entidades públicas. Con un equipo de cerca de 30 personas, esta oficina (1) evalúa que las estadísticas oficiales sigan un Código de Buenas Prácticas; (2) otorga su sello de calidad a aquellas publicaciones de datos que cumplen con el estándar, lo que genera un incentivo basado en el prestigio; y (3) monitorea el uso de esas estadísticas para evitar que sean utilizadas de manera indebida (ej. políticos y funcionarios que tergiversan información).

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En palabras sencillas, es como si el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), además de todas las secretarías, dependencias y entidades públicas tuvieran un inspector de calidad de datos. La OFR es una especie de sabueso, pero desde el gobierno. La idea de que los datos son un bien público y que debe existir una separación entre su producción y su regulación es interesante. Es un arreglo institucional complejo y poco visto en el mundo, pero sirve porque existe una confianza cultivada, desde 2016, en la independencia de la OFR y una cultura crítica del uso de información oficial.

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¿Qué habría sucedido si un organismo independiente de este tipo hubiera existido en Argentina en 2007? En ese entonces, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comenzó una escandalosa operación para manipular las estadísticas oficiales de inflación con fines políticos. La desconfianza en los datos publicados por el gobierno llegó a tal punto que el Fondo Monetario Internacional decidió censurarlos.

Una oficina de regulación de estadísticas, bajo el modelo presentado, habría encendido los focos rojos a tiempo. Sin embargo, hay que aceptar que en el caso argentino su eficacia habría sido limitada: la maquinaria de manipulación era bastante grave, politizada y es probable que muy pocos rincones del aparato gubernamental fuesen verdaderamente independientes.

Estos dos casos de diferente nivel de manipulación de las estadísticas ponen el valor de los datos oficiales en perspectiva, el cual reside en qué tanta confianza podemos tener en ellos y en la manera en que son usados y presentados a los ciudadanos. Para defender este valor existen alternativas de gobernanza como la de Reino Unido, pero puede haber otros mecanismos. Lo relevante es que en la era de las fake news, los discursos con verdades a medias y los hiperactivos datos incendiarios en Twitter, contar con un protector del valor y uso de los datos públicos se vuelve muy importante.

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En este momento tal vez ya es un poco tarde, pero ¿sería una mala idea, digamos, para Estados Unidos tener una oficina de este tipo? Cada vez que Donald Trump dice que existe una crisis migratoria en la frontera sur, que los inmigrantes son delincuentes o menosprecia la evidencia de sus agencias sobre el cambio climático, el valor de los datos se ve diluido. Por fortuna, en nuestro vecino del norte la cultura de confrontación de la prensa juega un papel importante en la gobernanza de la credibilidad de la información oficial.

En todo el mundo las instituciones pueden generar mejores mecanismos para defender la credibilidad y uso de los datos. Cada encuesta a ciudadanos, cada registro de inmigración ilegal, cada dato de importación de energéticos, cada declaración patrimonial y cada opinión sobre la viabilidad financiera o sobre el impacto ambiental de políticas públicas debería estar sujeto a escrutinio.

En otras latitudes del mundo, en especial al sur de Estados Unidos, es necesario fortalecer la defensa de la producción de información, su calidad y monitorear su uso.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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