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OPINIÓN: El acuerdo de Escazú y las “consultas” de la Conagua

El gobierno federal debe cambiar la deficiente y amañada gestión del líquido vital en el país, opina Cuauhtémoc Osorno.

Nota del editor: Cuauhtémoc Osorno es especialista en gestión del agua en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) – Actualmente en América Latina y el Caribe se vive un contexto marcado por la desigualdad, la corrupción, la violación de derechos humanos y la degradación ambiental, por lo que es necesario impulsar estrategias regionales que combatan estos cuatro graves problemas.

México firmó el año pasado el Acuerdo de Escazú , un tratado impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se propone garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en la gestión sustentable de los recursos naturales y además sentar las bases para enfrentar la corrupción y los privilegios, para equilibrar las relaciones entre el gobierno, el sector privado y la sociedad a través de una buena gobernanza ambiental.

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Entre las obligaciones, nuestro país se comprometió a aplicar medidas legislativas, reglamentarias y administrativas para poner en marcha dicho acuerdo. También aceptó garantizar un medio propicio para el trabajo de activistas y organizaciones que promuevan la conservación del medio ambiente y asegurar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, como en la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos.

Durante este mes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realiza la consulta del Programa Nacional Hídrico (PNH) 2019-2024, que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, es el documento rector que integra las políticas y planes hídricos a nivel nacional. Sin embargo, las trabas para acudir a la consulta no son pocas.

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A pesar que el Acuerdo de Escazú remarca la importancia de convocar abiertamente al público para este tipo de procesos, en el caso específico de la consulta del 26 de febrero, ninguna de las instituciones organizadoras, incluyendo a la misma Conagua y a la FES Aragón, invitaron y difundieron la consulta ni en sus páginas oficiales ni en sus redes sociales, lo que da pie a pensar en actos de simulación democrática.

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El Acuerdo de Escazú destaca que la participación de sectores marginados o vulnerados en temas ambientales es de suma importancia, pero en este foro de consulta del PNH 2019-2024 llevado a cabo en la UNAM, no acudieron vecinos de Iztapalapa o de Ecatepec, que sufren de grave escasez del líquido vital, ni mucho menos campesinos e indígenas de Milpa Alta u organizaciones civiles dedicadas al tema del agua en México.

Algo curioso es que estas consultas se están incluyendo de forma minúscula en los encuentros estudiantiles de la Asociación Mexicana de Hidráulica, donde no se da relevancia al importante ejercicio de consulta del PNH.

No puede pasarse por alto que los Foros Regionales del Pacto Social por el Agua se han reportado como capturados por las asociaciones empresariales y corporativas, que en gobiernos pasados han sido beneficiarios de contratos de obras hidráulicas y de grandes concesiones de agua; por ejemplo, la Industria Refresquera Mexicana, la cervecera internacional Constellations Brands y la constructora de obras hídricas RECSA (por cierto, estas últimas dos son patrocinadoras del concierto inaugural del Foro Nacional para el Pacto Social por el Agua).

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Estas acciones son clara muestra de que no se está respetando ni aplicando lo pactado en el Acuerdo de Escazú, por lo que los primeros pasos de la nueva administración de la Conagua no son los mejores para lograr una verdadera transformación en este sector.

El gobierno federal debe cambiar la deficiente y amañada gestión del líquido vital en el país. Además, hay que mencionar que a nivel Latinoamérica y el Caribe existe el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú; sin embargo, a nivel nacional y estatal es crucial conformar una comisión especial junto con la sociedad civil, para ayudar a implementarlo y ajustarlo en los distintos niveles de gobierno y en las dependencias relacionadas.

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Es urgente que las leyes generales y estatales en materia de transparencia, acceso a la información y de participación ciudadana, incluyan las pautas del Acuerdo de Escazú. No debemos olvidar que la actual legislatura debe impulsar una ley de aguas que sea congruente con los tratados internacionales y que incluya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, que desde 2012 no tiene un respaldo jurídico explícito y claro.

A un año de la firma del Acuerdo de Escazú, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, ha invitado a nuestro país a ratificar el acuerdo. Será la firma del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón, la que permita continuar con la implementación de estos trascendentes acuerdos para lograr el desarrollo sostenible, inclusivo y transparente que tanto necesita la nación.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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