Sin embargo, el sector ha generado polémica por las altas tasas de interés cobradas, por lo que, en ciertos casos, el gobierno ha implementado programas para disminuirlas a través de instituciones públicas. Adicionalmente, el sector ha sido juzgado también por la baja transparencia que se tiene al trabajar con dependencias sus diferentes niveles gubernamentales.
La fuerte necesidad de financiamiento que se presentaba llevó a que durante los últimos 15 años el nicho creciera y evolucionara de forma relevante, llevando a que, si bien este sector está atendido principalmente por SOFOMES, hoy en día ya estén participando ciertos bancos de nicho.
A su vez, las pocas opciones de financiamiento que se tenían en ese momento llevaban a que el trabajador se mostrara más atraído por el tiempo de respuesta para recibir el dinero, quitándole importancia a la tasa de interés cobrada. Es por ello que, en sus inicios, se veían tasas de interés superiores al 90%; no obstante, año con año éstas han ido mostrado una disminución, aunque dentro del mercado se mantiene una fuerte disparidad.
La disminución en las tasas de los créditos de nómina se debe a diversos factores: Crecimiento en la competencia privada y pública que, junto con la Reforma Financiera, permitió prepagar créditos y cambiarse a la financiera de mejor tasa; perfeccionamiento operativo de las dependencias para realizar el descuento vía nómina por medio de la capacitación otorgada de las financieras; integración vertical de las SOFOMES al adquirir brókers y reducir costos de origen, y una ligera sofisticación del acreditado en cuanto a la tasa cobrada.
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Las financieras operan mediante dos modelos de negocio para otorgar el crédito y poderlo cobrar. Cada uno tiene ventajas y desventajas y, debido a los riesgos, la tasa de interés es elevada. La principal forma, con la cual inició el sector, es mediante la firma de convenios de colaboración con las diferentes dependencias del gobierno federal, estatal o municipal. En este acuerdo, se autoriza dar financiamiento a los trabajadores que cumplan con la capacidad de pago y la dependencia es la encargada de descontar y transferir el dinero a la financiera.
Si bien esta forma operativa elimina el riesgo moral de pago de los acreditados, la financiera se expone a un riesgo de pago de la dependencia gubernamental, la cual se tarda de 30 hasta 180 días en liquidar el adeudo, dependiendo del nivel de gobierno. A su vez, se han mostrado diversos casos donde la dependencia desconoce el pago o cancela o cambia el convenio y la financiera se ve en la necesidad de iniciar un juicio. Es importante mencionar que, en esta situación, el trabajador no entra en cartera vencida ya que le descontaron el pago, por lo que se mantiene al corriente de su crédito.
